La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Isabel Cáceres Flores fue asesinada en su vivienda ubicada en La Esperanza, Intibucá, Honduras. En el mismo ataque resultó gravemente herido el mexicano Gustavo Castro Soto, testigo sobreviviente. La irrupción armada que terminó con la vida de la defensora de derechos humanos y de los pueblos no fue un hecho fortuito ni un acto de violencia común. Fue la culminación de un proceso prolongado de persecución, vigilancia, criminalización y violencia ejercida contra la lideresa indígena que, durante años, encabezó la defensa del territorio lenca frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Berta Cáceres era una una figura de proyección nacional e internacional. Como coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), articuló la resistencia de comunidades indígenas frente a proyectos concesionados sin consulta previa, libre e informada, en violación de obligaciones constitucionales e internacionales del Estado hondureño. Su liderazgo fue decisivo para frenar el avance de la represa Agua Zarca, promovida por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y para visibilizar, dentro y fuera del país, los impactos sociales, ambientales y culturales de estos proyectos.
Desde etapas tempranas del proyecto Agua Zarca, Berta Cáceres fue identificada por directivos de la empresa como un obstáculo estratégico para la consolidación del proyecto hidroeléctrico. Esta condición la colocó en una situación de riesgo previsible y ampliamente documentada. Pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no adoptó medidas eficaces para proteger su vida ni para desactivar los factores de riesgo asociados al conflicto territorial.
El asesinato ocurrió en un contexto estructural marcado por la violencia, la militarización, la corrupción, la concentración del poder económico y una institucionalidad progresivamente capturada por intereses privados.
Tras el golpe de Estado de 2009, Honduras promovió la expansión acelerada de proyectos extractivos y energéticos, apoyado por procesos de privatización y marcos regulatorios flexibles. Esta iniciativa se sostuvo en desiciones estatales y empresariales nacionales, y con el respaldo financiero de bancos internacionales de desarrollo, cuyos créditos otorgaron viabilidad económica y legitimidad institucional a proyectos impuestos en territorios indígenas sin consulta previa. La relación entre el Estado, las empresas y los financistas internacionales se estructuró sobre una institucionalidad débil, permeable a la corrupción y orientada a priorizar la inversión por encima de la protección de los derechos humanos.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, instalado en el territorio indígena lenca de Río Blanco, constituye un caso paradigmático de este modelo. Su autorización se sustentó en licencias irregulares, contratos administrativos viciados y procesos de titulación individual que desconocieron derechos colectivos.
La implementación del proyecto se realizó mediante la militarización del territorio, la cooptación comunitaria, el uso de violencia y la criminalización sistemática de quienes defienden el río Gualcarque como espacio sagrado, cultural y de subsistencia.
La ejecución de la obra fue posible gracias a financiamiento internacional otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) en 2014, pese a la existencia de un conflicto territorial conocido, una oposición comunitaria sostenida y riesgos evidentes para las personas defensoras del territorio.
Tras el asesinato de Berta Cáceres se obtuvieron condenas contra varios autores materiales, así como contra algunos empleados de DESA y un directivo de la empresa, lo que confirma que el crimen no fue un hecho aislado y espontáneo.
No obstante, estos avances no agotaron las líneas de responsabilidad superiores y dejaron en evidencia que persiste un núcleo duro de impunidad, en particular respecto de la eventual participación de otros directivos y accionistas de DESA, así como de la dimensión completa de la complicidad y tolerancia estatal.
Desde las primeras horas posteriores al asesinato, la familia de Berta Cáceres, el COPINH y sus representantes legales exigieron de manera sostenida la conformación de un grupo independiente de personas expertas que pudiera investigar de forma exhaustiva todas las responsabilidades, frente a una investigación penal ordinaria marcada por omisiones y sesgos.
Tras años de resistencia y de búsqueda incansable de verdad y justicia, estas demandas derivaron finalmente en una solicitud formal de asistencia técnica internacional por parte del Estado hondureño, constituyendo un paso relevante -aunque tardío- en el combate contra la impunidad estructural.
El 12 de enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) presentó su Informe final sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y delitos conexos. Medidas de reparación integral y recomendaciones.
En su análisis técnico el GIEI evaluó líneas de investigación para determinar responsabilidades penales de autores materiales e intelectuales, incluyendo corrupción y actores estatales y no estatales.
La investigación integral analizó delitos conexos, corrupción y financiamiento del crimen.
Propuso un Plan de reparación integral para las víctimas y comunidades afectadas.
El Acuerdo de Cooperación que dio origen al GIEI Honduras en 2024 estableció que el Estado de Honduras debe adoptar las recomendaciones del GIEI para fortalecer sus capacidades institucionales de investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, en particular defensoras de la tierra y el territorio.
El nuevo gobierno entró en funciones el 27 de enero.
Para los lenca, Berta vive en la defensa de los ríos.
@kardenche