En la Comarca Lagunera ya se han presentado reacciones ciudadanas a megaproyectos de grandes obras. En esta ocasión no es posible referir a todos los casos, por lo que nos centraremos en comentar sobre dos de ellos que tienen relación con el Cañón de Fernández, el humedal más importante de esta región.
Este sitio comprende un tramo del cauce del río Nazas y destaca porque a través de él no solo fluyen escurrimientos superficiales retenidos en las presas El Palmito y Las Tórtolas, que se liberan durante cinco meses al año para irrigar cultivos en el Distrito de Riego 017, también en el ocurren descargas de aguas que forman un caudal ecológico no reconocido como tal pero utilizado con el mismo fin, al cual se le llama “agua de estiaje”.
Es ese caudal que brota en forma natural, proveniente de flujos originados en la sierra del Rosario y otras elevaciones cercanas y lejanas, la causa de que en este tramo del río se forme un ecosistema acuático-terrestre con un paisaje único en medio del desierto, que alberga una biodiversidad singular y también presenta fallas a través de las cuales se recargan los acuíferos. Estas y otras razones, motivaron convertirlo en un espacio protegido donde convivan la vida silvestre y las personas que residen en torno a él y quienes lo visitan, convivencia aún no entendida por aquellos que le han afectado de diversas maneras.
Aunado a estos impactos cotidianos que están deteriorando el Cañón de Fernández, hace algunos años el gobierno federal anunció la construcción de una mega obra mediante la cual se extraería agua del río dentro del polígono sujeto a protección, para potabilizarla y distribuirla entre la población de la Comarca Lagunera, afectada por el desabasto y contaminación del agua que se bombea del Acuífero Principal, producto de la sobreexplotación a que se sometía este.
La justificación de la mega obra era suministrar agua potable a 1.5 millones de personas, misma que se sustentó en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que exigía la normatividad vigente, la cual, sin embargo, al pretender construir la presa derivadora dentro del polígono del área natural protegida, violaba las normas que le protegían. Esto motivó que integrantes de un organismo ciudadano, Prodefensa del Nazas, señalara tales violaciones y judicializara su protección, poniendo en evidencia que la MIA había sido elaborada a modo indicado por la CONAGUA, entidad responsable del proyecto Agua Saludable para La Laguna.
La decisión de juez federal de parar la obra tuvo un impacto político nacional porque la mega obra era considerada un proyecto presidencial y desató la presión gubernamental sobre los ciudadanos que se oponían a esas afectaciones, aunado a que campesinos de los ejidos ribereños también se opusieron a la ubicación del sitio de extracción de agua porque afectaba los flujos que derivaban a sus parcelas agrícolas. Esta controversia duró varios meses Finalmente se resolvió mediante un convenio entre la CONAGUA y ProdeNazas en el que esta última se desistía del juicio a cambio de que se respetara el “agua de estiaje” que daba vida al Río Vivo, se valorara su impacto ecológico y se federalizara el espacio protegido ampliando su superficie, a la vez de que se cumplió la exigencia de los ejidos ribereños de cambiar el sitio de extracción. A la fecha se cree que estos ajustes a la mega obra redujeron los impactos ambientales y sociales si esta se hubiese realizado conforme al proyecto original, esto en gran parte por la participación ciudadana que lo cuestionó, sin embargo, no se ha realizado algún estudio que valore el impacto ambiental que ha tenido sobre el humedal.
Recientemente se anunció la construcción de una planta de fertilizantes en un sitio aledaño al Cañón de Fernández y de los ejidos Sapioriz y La Loma, en el municipio de Lerdo, con la justificación de que constituye una inversión de 1,600 millones de dólares, contemplada en el Plan México, que pretende sustituir la importación de estos insumos agrícolas y que generará nuevos empleos.
La inversión que representa denota que es un megaproyecto y que como tal debió ser sometido a una consulta pública amplia, no es una empresa que operará como cualquier otra, sino que forma parte de un complejo industrial en la que se realizarán procesos productivos que requerirán el suministro de insumos como gas y agua, y cuya ubicación se define por el acceso a ellos y a las vías para el transporte de los bienes que generará, particularmente amoniaco y urea.
Estas ventajas económicas también deben considerar el cumplimiento de una normatividad que justifique el impacto y riesgo ambiental y social que tendrá. Sin embargo, al parecer la información pública emitida por la empresa y las entidades gubernamentales denotan vacíos y omisiones que deben ser aclarados antes de que se pretenda iniciar su construcción.
Anunciar una inversión de ese calado cuando la autorización se basa en una MIA no actualizada, sin el análisis de riesgo ambiental clara y ampliamente documentado y discutido públicamente (tanto al humedal como a las poblaciones aledañas), sin permisos municipales de construcción, considerando el suministro de agua del subsuelo de un acuífero con déficit como alternativa al agua tratada contemplada, entre otros aspectos, deben ser revisados seriamente.
Finalmente, tanto los inversionistas privados y las entidades gubernamentales que facilitan este tipo de megaproyectos, no deben tomar decisiones de este tipo sin considerar la opinión de los ciudadanos ante las posibles afectaciones que puedan provocarles. Es, por tanto, válido y legítimo que estos se manifiesten demandando se aclaren los vacíos y omisiones que se van observando, para que se socialicen y valoren los impactos y riesgos ambientales y sociales que pueda tener dicho megaproyecto.