Tenían razón
Cuando alguien dice la expresión “tenían razón” refiere a reconocer en el presente algo dicho en el pasado. Hace cuatro décadas un grupo de ciudadanos laguneros se manifestaron públicamente en contra de la decisión gubernamental de establecer una planta termoeléctrica en un predio aledaño al poblado de Villa Juárez, en el municipio de Lerdo, un sitio ubicado donde finaliza el último tramo del cauce del río Nazas, del Río Vivo.
Aquellos ciudadanos expresaron su preocupación por la decisión que tomó la Comisión Federal de Electricidad de instalar dicha planta en ese sitio, un lugar estratégico porque se aseguraba el abasto de agua para el funcionamiento de la termoeléctrica: en el subsuelo se encontraba un acuífero con disponibilidad de agua, el de Villa Juárez, y estaba colindante con el cauce del río Nazas, sobre el cual fluían caudales de agua que en determinado momento también se podría bombear.
La decisión se basó en criterios económicos, en ningún momento consideraron los impactos ambientales y sociales. Aquellos ciudadanos no cuestionaban la importancia de que se construyera la termoeléctrica, sino el sitio, porque años antes el gobierno federal había contemplado que el acuífero de Villa Juárez sería considerado en un futuro como la reserva de agua potable para la población que habitaba la zona conurbada de Torreón-Gómez Palacio y Lerdo.
Un estudio publicado en 1977 por la Secretaría de Asentamientos humanos y Obras Públicas, señala que “..el área más favorable de explotación acuífera, para la futura dotación de agua potable en la Región Lagunera, es la que se localiza sobre el valle aluvial del río Nazas” (se refiere a Villa Juárez); continuaba, “..es factible extraer el caudal de 4 m3/seg para abastecer de agua potable a la Región Lagunera”.
A este sitio se le denominó “la burbuja”, el futuro reservorio de agua potable, es un acuífero que se renueva continuamente por las filtraciones de agua provenientes de los escurrimientos del río Nazas que lo recargaban, y por el agua que brota en el Cañón de Fernández. Lo que aquellos ciudadanos inconformes querían era que se instalara la termoeléctrica en otro sitio porque requería una alta demanda de agua, ya que podría operar abasteciéndose de otras fuentes, como agua tratada proveniente de los drenajes urbanos.
Finalmente, la planta se construyó en 1989, imponiéndose el gobierno federal sin considerar los impactos ambientales y sociales que esto implicaba y haciendo caso omiso de los cuestionamientos de los ciudadanos inconformes.
En 2001 se publicó un estudio realizado por académicos de universidades locales, financiado por el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF), en el cual se analiza el estado de los ecosistemas en el valle de Villa Juárez, cuyos resultados indicaban que las actividades humanas habían impactado severamente la zona, sugiriendo se sometiera a protección el tramo que comprende el Cañón de Fernández por encontrarse en mejor estado de conservación y restaurar el resto de la ribera del Nazas.
Este fue el primer estudio socioambiental y económico que se hizo de esa zona y, afortunadamente, el gobierno del estado de Durango decidió declarar la protección del ecosistema ribereño del Cañón de Fernández, aunque solo haya sido en el papel.
En este reporte ya se observaba el deterioro que sufrió el último tramo del Río Vivo, entre otras causas porque crecieron las edificaciones de viviendas domésticas y de recreación en la zona ribereña, se cambiaron los cultivos de menor demanda de agua por otros con mayor uso consuntivo (alfalfa y nogal), cuya irrigación se complementó bombeando agua del subsuelo, y de la que se destinó a la termoeléctrica.
Ciertamente, la termoeléctrica no fue la única causa de que se “perdiera” la burbuja de agua que se convertiría en la reserva de agua potable para la zona urbana más densamente poblada, donde ya se preveía el abatimiento del Acuífero Principal que le abastecía y se sabía de su contaminación con arsénico, pero sí influyó para que esto ocurriera en una cadena de acciones que respondieron a un proceso desordenado de crecimiento económico del valle de Villa Juárez.
Aquellos ciudadanos que se opusieron a la termoeléctrica contemplaban proteger el Acuífero de Villa Juárez, que esa agua se destinara prioritariamente a abastecer la demanda de la población del propio valle, de la zona urbana y de las empresas establecidas en esta, en torno a las que giran las principales actividades en que se sustenta la economía regional.
De haber sucedido esto, se hubieran establecido acotaciones a otras extracciones de agua del subsuelo, a la propia termoeléctrica, al establecimiento de cultivos de alta demanda de agua y a las edificaciones, quizás hubiese sido mejor que este valle continuara siendo un proveedor de alimentos para la región como lo era con las hortalizas y no de forrajes, a la vez de que se redujera la presión sobre el ecosistema ribereño manteniendo con mayor vida el Río Vivo.
Pero ya no hay hubieras y corregir lo que no se hizo bien es ahora más complicado, que de hecho se complicó con la planta potabilizadora y se pretende complicar más con otras empresas que aumentarán la presión sobre el agua y pueden exponer a riesgos al Río Vivo y a la propia población ribereña. Aquellos osados ciudadanos, no cabe duda, tenían razón.