El reciente caso del adolescente de 15 años que asesinó a dos profesoras de su preparatoria en Michoacán ha reavivado el debate sobre la viabilidad de juzgar como adultos a menores que cometen delitos graves. Se trata de una discusión recurrente que se ha intensificado en los últimos años, en un contexto marcado por el aumento del sicariato juvenil y el reclutamiento de menores por el crimen organizado.
En México, los adolescentes de entre 12 y 18 años que cometen un delito son juzgados por el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que prevé un tratamiento distinto al régimen aplicable a los adultos. Esto, se sustenta en la idea de que aún no han desarrollado plenamente su juicio moral, por lo que su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos y conducirse conforme a esa comprensión es limitada. En consecuencia, asumen una responsabilidad atenuada. En el caso de los menores de 12 años, son totalmente inimputables y sólo pueden aplicarse medidas de asistencia o protección.
Conforme al artículo 18 constitucional, pueden aplicarse medidas de orientación, protección y tratamiento bajo los principios de protección integral e interés superior del adolescente, de manera proporcional al hecho cometido y con la finalidad de lograr su reinserción social y reintegración familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se prevé como medida excepcional, aplicable solo a mayores de 14 años y por el tiempo más breve posible.
Sin embargo, para muchos la realidad de nuestro país obliga a repensar este modelo que supera los supuestos sobre los cuales fue diseñado. ¿Qué hacer con juventudes que secuestran, matan y desaparecen en México?
La crisis de violencia en las juventudes no puede entenderse sólo desde la perspectiva del victimario, ya que muchas niñas, niños y adolescentes se encuentran también en condición de víctimas dentro de contextos de alta vulnerabilidad. De acuerdo con la REDIM, en 2025 cerca de 1,991 fueron víctimas de homicidio, además de 58 feminicidios, 56 secuestros, 278 casos de trata y más de 10,700 denuncias por desaparición, de las cuales 2,856 personas menores de edad siguen sin ser localizadas. A ello se suma que, en 2024, entre 388 y 1,084 adolescentes fueron privados de la libertad en contextos vinculados con la delincuencia organizada, en escenarios donde la línea entre participación y reclutamiento forzado es cada vez más difusa. Esta realidad, asociada a condiciones estructurales como la pobreza -que afecta al 38.7% de la población de 0 a 17 años- y la desigualdad, evidencia que el debate sobre juzgar a menores como adultos resulta insuficiente si no se acompaña de una reflexión de fondo sobre las políticas y acciones necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean absorbidos por dinámicas criminales. La prioridad debe centrarse en intervenir de manera temprana e integral en las causas que los colocan en riesgo y concentrar ahí los esfuerzos de prevención.
Aunque países como EUA, Reino Unido o Canadá prevén situaciones en que los menores puedan ser procesados bajo el régimen penal ordinario, el estándar internacional de derechos humanos sostiene consistentemente que quienes tienen menos de 18 años no deben ser equiparados a los adultos en ningún caso, privilegiando la protección, corrección de conductas en desarrollo y la reinserción social.
Sin duda, ello genera una tensión legítima desde la perspectiva de las víctimas y de la sociedad. Pero, esa tensión no se resuelve con el endurecimiento de las penas para menores de edad, sino a través de una respuesta estatal proporcional a la gravedad del hecho. No desde la lógica de la venganza ni del tratamiento punitivo, sino mediante garantías de no repetición, reconocimiento del daño y mecanismos efectivos de reparación.
En el contexto del reclutamiento por parte del crimen organizado, ¿qué sentido tiene juzgar a los menores como adultos si siempre hay otros dispuestos a ocupar su lugar? El problema mayor no es cómo castigarlos, sino impedir que terminen en el crimen.
@EuniceRendon