ÁTICO
Sorprende que, con una economía paralizada y riesgo creciente de desempleo, el gobierno se aferre a su proyecto de control absoluto.
¿Quién cuidará a los cuidadores?, se preguntaba el poeta romano Juvenal. Quizá no haya pregunta más importante para el futuro de México que para qué quiere la presidenta el poder que ha concentrado y cuáles son sus límites.
Paso a paso, el gobierno se ha abocado a desmantelar todo vestigio de contrapeso, oposición o impedimento a su gestión. Su anhelo de control se expande día a día, pero poco a poco va encontrando límites a su ambición, revelando la paradoja del poder: la intención de controlarlo todo acaba controlando casi nada: la rigidez del poder crea una elevada propensión a la fractura.
El emperador Marco Aurelio describió la paradoja del poder absoluto como una ilusión. En sus Meditaciones escribió que la peculiaridad del poderoso radica en que hacer el bien entraña ser condenado por ello. El poder excesivo acaba siendo una ilusión, lo cual no implica que quienes lo ostentan así lo perciban o estén dispuestos a cederlo o modificarlo.
Claudia Sheinbaum comenzó su sexenio asegurándoles a los inversionistas que ella les garantizaba que habría reglas claras y que sus inversiones estarían seguras. Su palabra sería la ley. El problema es que ningún inversionista puede confiar exclusivamente en la palabra de un gobernante, ante todo por el hecho de que su reino es temporal, pero sobre todo porque lo que le importa a un inversionista -y, no sobra decir, al ciudadano común y corriente- son las reglas y su vigencia por encima de la palabra del gobernante.
Más aún, aquellas palabras de la presidenta se pronunciaban apenas unos días después de que el Congreso había aprobado una serie de reformas constitucionales que daban inicio a la destrucción formal de los pocos contrapesos que todavía sobrevivían, comenzando por el Poder Judicial, a lo que seguiría la extinción de la autonomía de las comisiones de competencia, telecomunicaciones, energía y demás. En lugar de asentar y afianzar aquella promesa de garantías con hechos tangibles, el camino subsecuente consistió en minarlas hasta hacer la promesa inverosímil.
Pero el gobierno no reconoce la contradicción implícita entre la promesa de que habría reglas claras y la concentración de poder que prosiguió, por lo cual la reiterada convocatoria al llamado “Plan México” no es más que una entelequia. Exceptuando a los empresarios que viven de la cercanía con el gobierno, la noción de que un inversionista o empresario independiente arriesgará su capital sin la existencia de reglas confiables, mecanismos autónomos de resolución de conflictos y contrapesos efectivos es no más que una falacia, una mera ilusión.
Peor todavía, el gobierno ha perseverado en su misión de controlarlo todo.
La serie de reformas iniciales se ha ido afirmando con subsecuentes legislaciones en materia de control digital, amparo y, más recientemente, censura a los medios de comunicación. Además de la legislación que se ha ido aprobando, el ejercicio cotidiano del poder, especialmente notorio a través de la conferencia matutina, muestra un inquebrantable deseo por eliminar toda fuente de disenso, divergencia o crítica.
¿Dónde quedó el reconocimiento de la necesidad de inversión privada, así fuese ésta concebida como un mal inevitable? El ataque directo desde la plataforma presidencial a comunicadores, opinadores, medios y críticos no es más que otra manifestación, si bien más arriesgada y preocupante, de un proyecto de control no sólo de los instrumentos del Estado y de la administración, sino de las mentes de los ciudadanos. Es, en palabras de la propia presidenta, un proyecto fascista.
Sin embargo, a pesar del uso de ese término, no me es claro que la presidenta reconozca, en su actuar, las implicaciones de su propia lectura del entorno y más cuando el gobierno norteamericano va cercando, sin prisa, pero sin duda alguna, al expresidente. Poco a poco, se va volviendo evidente que todo ese control, todo ese poder, enfrenta límites reales. Michel Foucault observaba que “donde hay poder, hay resistencia”.
Prohibir, amenazar, cohibir y vigilar son todos instrumentos del poder, pero son sólo asequibles en un contexto autoritario.
Quién vigilará a los vigilantes, a los poderosos, acaba siendo más que una pregunta retórica. El ánimo autoritario es visible en las palabras, en las leyes, en los actos administrativos y en los hechos, pero la capacidad de implementarlos es, afortunadamente, nimia. El día en que el gobierno reconozca que para controlar a la ciudadanía primero tendría que controlar a los extorsionadores -a los propios y a los del crimen organizado-, ese día el proyecto autoritario podría comenzar a rendirle frutos.
Mientas eso no suceda, el ánimo de control absoluto acaba revirtiéndose, cual bumerán, sobre el proyecto de crecimiento económico. Nadie en su sano juicio participará o arriesgará su capital bajo un entorno como el que hoy caracteriza al país. Lo harán, sin duda, quienes dependen del gobierno y se benefician de la cercanía, pero eso nada tiene que ver con el crecimiento de la economía en su conjunto.
En 1979 Octavio Paz describía al gobierno mexicano en el Ogro filantrópico como un “Estado patrimonialista, esto es el príncipe o el presidente, consideran al país como su patrimonio personal”. Luego de enormes intentos, la historia se repite, pero ahora como farsa.