Abogados denuncian abusos en cobros por robos menores en tiendas de autoservicio
El vocero del Foro de Abogados de Monclova, Miguel Ángel Reyna Adam, denunció presuntos abusos cometidos por representantes legales de tiendas de autoservicio y empresas comerciales, quienes exigirían pagos elevados a personas detenidas por robos menores para otorgarles el perdón legal y facilitar su liberación.
El litigante señaló que existen casos donde, aun cuando la mercancía fue recuperada, se solicitan cantidades económicas que calificó como excesivas e injustificadas.
Durante una entrevista, explicó que recientemente atendió el caso de una mujer detenida tras presuntamente sustraer mercancía de una tienda Soriana.
Indicó que los objetos fueron recuperados de inmediato por personal de seguridad antes de que la mujer abandonara completamente el estacionamiento, por lo que consideró improcedente exigir montos elevados bajo el concepto de reparación del daño.
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El abogado afirmó que, pese a que la mercancía fue asegurada en el mismo momento de la detención, representantes legales de algunas empresas solicitan pagos de hasta 18 mil, 35 mil o incluso 40 mil pesos para otorgar el desistimiento o el perdón legal.
Aseguró que dichas cantidades no corresponden directamente al valor de los artículos recuperados, sino a acuerdos promovidos por despachos jurídicos particulares.
Reyna Adam sostuvo que este tipo de prácticas afectan principalmente a personas en condición vulnerable o con necesidades económicas, quienes enfrentan dificultades para pagar las cantidades exigidas.
Consideró que las sanciones deben aplicarse conforme a derecho, pero sin caer en excesos que perjudiquen aún más la situación social y económica de los detenidos.
Cuestiona agravantes en procesos penales
El vocero del Foro de Abogados de Monclova también cuestionó que en algunos procesos penales se agreguen agravantes presuntamente exageradas o sin sustento suficiente para impedir que los detenidos recuperen su libertad.
Explicó que en diversos casos se reporta que los acusados portaban armas, cuchillos, palos o machetes, aun cuando dichos objetos no fueron utilizados durante los hechos denunciados.
Como ejemplo, relató el caso de una mujer involucrada en una disputa por un predio, quien fue acusada de portar un machete mientras agredía físicamente a otra persona.
El abogado argumentó ante el juez que el arma nunca fue utilizada para atacar ni existió intento de lesión con ella, por lo que consideró incorrecto agravar el delito únicamente por la presencia del objeto.
El litigante manifestó que algunos jueces conocen las inconsistencias de ciertos testimonios o acusaciones, pero aun así mantienen a las personas detenidas mientras continúan los procesos judiciales.
Señaló que esta situación genera molestia entre defensores particulares, debido a que consideran que la interpretación de la ley debe realizarse con criterios de justicia y proporcionalidad.
Reyna Adam insistió en que las autoridades judiciales y ministeriales deben evitar interpretaciones que perjudiquen de manera excesiva a los imputados.
Añadió que una detención ya representa una consecuencia importante para cualquier ciudadano, debido a que deja antecedentes y repercusiones personales, laborales y familiares.
Pide aplicación justa de la ley
El abogado reiteró que está de acuerdo con que las autoridades persigan y sancionen los delitos patrimoniales, pero rechazó que se “inventen” agravantes o se eleven los montos económicos para mantener a personas privadas de su libertad.
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Vecinos del sector señalaron a dos personas del área como las probables responsables de roboAfirmó que la función de jueces y ministerios públicos debe centrarse en garantizar procesos justos y equilibrados.
Finalmente, el representante del Foro de Abogados de Monclova pidió a las autoridades judiciales aplicar criterios más humanos y objetivos al momento de valorar las pruebas y resolver la situación jurídica de los detenidos.
Consideró que la correcta interpretación del código penal y la jurisprudencia debe servir para garantizar justicia, y no para agravar innecesariamente los procesos contra ciudadanos acusados de delitos menores.
