Resulta inaudito que en este momento cuando la libertad de expresión en México vive acotada por el crimen organizado y los grupos de poder, el gobierno federal inventa una consulta para imponer lineamientos en una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La intención evidente de controlar y sancionar contenidos incómodos al aparato estatal no puede ser más clara ante la avalancha de críticas que vive la 4T y que no ha podido contrarrestar.
La propuesta fue presentada por la consejera jurídica del ejecutivo estatal, Luisa María Alcalde, ex dirigente nacional de Morena y consentida del régimen, y fue avalada por la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia “mañanera”.
Bajo la idea de imponer lineamientos subjetivos que protegerán los “Derechos de las audiencias” en la radio y la televisión, el actual régimen pretende abrir una consulta pública por internet que apenas durará tres semanas y cuyos acuerdos formarán parte de la nueva ley de radio y televisión.
La iniciativa oficial desató airadas críticas por parte de distintos sectores del país. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión sostuvo que hay temas que preocupan y que se corre el riesgo de una regresión democrática.
El senador panista Marko Cortés fue más severo al advertir que “están siguiendo el manual del autoritarismo, de las dictaduras, en donde empiezan por supuestas causas buenas a debilitar cualquier tipo de contrapeso, a tener mucho control”.
La iniciativa llega al extremo de proponer castigos y multas a los medios electrónicos que no atiendan las quejas de las audiencias por un monto de hasta el uno por ciento de los ingresos del medio electrónico.
Entre los lineamientos destaca la obligación de los medios de contar con un código de ética y de designar a “defensores de las audiencias”.
También se propone que garanticen la diferencia entre noticia y opinión además de distinguir la publicidad del contenido informativo.
Estos lineamientos obligarían a los medios —como si esa no fuera su función— a difundir información verídica y no descontextualizada, pero también a brindar el derecho de réplica a quienes consideren que se transmitieron hechos “inexactos o falsos”.
Tal como si en México no existieran leyes que garantizan el derecho a la libertad de expresión y el respeto al derecho a la intimidad, la privacidad y al prestigio de los ciudadanos, ahora el gobierno morenista pretende implantar una censura abierta que bien podría afectar en un futuro a los medios escritos y a las “benditas” redes sociales.
No es la primera vez en la historia del México moderno que surgen estos intentos de amordazar a los medios.
En el pasado se intentó con el derecho a la información y con otras propuestas que pretendían coartar la libertad de expresión.
Gracias a la defensa de la sociedad tales acciones dictatoriales no avanzaron como seguramente tampoco ésta logrará su cometido a pesar de contar con el respaldo abierto de Palacio Nacional y obviamente del político de Palenque.
Uno de los señalamientos más puntuales viene del director regional de Artículo 19, Luis Maldonado, quien dijo que el proyecto coloca a México al lado de países autocráticos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia.
El activista dijo al diario Reforma que bajo el pretexto de combatir la desinformación, el terrorismo e incluso proteger a las infancias, estas iniciativa terminan por convertirse en insrumentos de censura como ya ocurre en los países mencionados.
Por cierto México ocupa la posición 122 en la clasificación mundial de Libertad de Prensa, en caso de aprobarse estos lineamientos seguramente nos acercará más a Venezuela, Cuba y Nicaragua, quienes se ubican respectivamente en los sitios 159, 160 y 168.
Este jueves en su “mañanera” la presidenta Sheinbaum defendió a capa y espada su proyecto. Dijo que si quisiera censurar a los medios ya lo habría hecho con los instrumentos legales actuales, “pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información”.
Si eso fuera verdad entonces ¿por qué desaparecieron en el 2025 al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? ¿Por qué se ha declarado bajo reserva información clave de proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Megafarmacia, entre otras tantas obras de la 4T en donde se han dilapidado miles de millones de pesos? Es claro que el régimen de Claudia Sheinbaum busca los siguientes dos objetivos con los lineamientos para supuestamente “proteger los derechos de las audiencias”.
El primero es distraer a la opinión pública a sabiendas de que esta propuesta recibirá fuertes objeciones y críticas de los medios privados de comunicación como ya está ocurriendo.
Terminado el Mundial y sin tantas presiones de Trump, el tema desviará asuntos claves como la corrupción, la inseguridad y el reciente escándalo de las escuelas militarizadas.
El segundo objetivo, quizás el más importante, será lanzar una advertencia a los medios electrónicos que en su mayoría han mantenido independencia y apertura en los últimos años a pesar de las fuertes presiones del régimen.
No hay que olvidar que la radio y televisión funcionan a bases de concesiones federales que en sexenios anteriores han sido manejadas al antojo de los gobernantes.
Lo peor en este sentido sería seguir el camino que siguió Hugo Chávez en Venezuela cuando desmanteló empresas de telecomunicación sólidas y profesionales por no convenir a sus intereses.
Estaremos muy pendientes de este proceso y en especial de las acciones que los comunicadores y la sociedad asuman para impedir un atropello más de la llamada cuarta transformación.
NOTICIAS, NOTICIAS… De nuevo se hizo bolas el secretario de Educación, Mario Delgado. Primero aventó la responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la autorización de las escuelas militarizadas, pero ante la respuesta tajante de las fuerzas armadas optó por ordenar el cierre de dichas instituciones en el país. En suma, la SEP es corresponsable de la tragedia ocurrida en un plantel de Tamaulipas.
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