Una vez que el Mundial de Futbol y el conflicto con Irán han pasado a un segundo plano, el gobierno de Donald Trump busca con urgencia abordar asuntos que le incrementen la popularidad cuando faltan escasos tres meses para las elecciones intermedias del Congreso norteamericano.
¿A dónde cree usted que volteará Estados Unidos? No creemos que las diferencias comerciales con China levanten mucho interés, tampoco la adquisición de Groenlandia llama la atención en este momento mientras que los asuntos migratorios en Europa son ajenos al sentir norteamericano.
Así las cosas no queda más remedio que regresar a temas fronterizos con México y Canadá donde la cercanía y las discrepancias juegan un papel muy importante.
Dentro de ellos es evidente que el crimen organizado en nuestra frontera se ubica como el asunto más popular entre los electores y el que más votos podría llevarle a los republicanos si el gobierno consigue reducir el trasiego de drogas proveniente de México.
Ya lo dijo Trump en varias ocasiones que ahora irán por tierra para detener el tráfico de fentanilo y otras drogas supuestamente porque el contrabando por mar y por aire ya ha sido controlado.
Los estados fronterizos de California, Arizona y Texas, y un poco más allá Florida y Georgia, son muy sensibles al tema del narcotráfico y serán claves para la composición de la cámara baja que será votada el primer martes de noviembre.
De ahí la trascendencia en esta advertencia de la DEA de que “perseguirá hasta encontrarlos” a los funcionarios mexicanos que otorgan protección a los cárteles de Jalisco, Sinaloa y demás agrupaciones ilícitas.
Las palabras del director de la DEA, Terry Cole, retumbaron fuerte en las oficinas de poder en México. En su reciente conferencia anunció nuevos cargos contra los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación e incluyó incrementos en las recompensas que suman más de cien millones de dólares.
De acuerdo al Departamento de Estado norteamericano el monto de gratificación para quien ayude a capturar a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” y considerado nuevo líder del CJNG, será de 25 millones de dólares.
Cole cuenta con una trayectoria de 22 años en la DEA, ha laborado en oficinas claves como la de Colombia y Afganistán, en México fue director regional hasta el año 2020 cubriendo Canadá, Centroamérica y nuestro país.
Conoce muy bien la situación de esta región quizás por ello la acción de la DEA ha sido muy intensa en México y América Latina desde que Cole fue designado director por el presidente Trump en julio del 2025.
Pero lo realmente interesante en estos momentos es el futuro de los políticos mexicanos que según autoridades norteamericanas han estado colaborando con el crimen organizado de distintas maneras.
En México pareciera que la acusación contra diez funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, entre ellos el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, presentada en abril pasado por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, duerme el sueño de los justos.
Dos de los señalados se entregaron por su propia decisión, ellos son Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública del Estado; y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas.
El resto permanece en México negando las acusaciones y de alguna manera avalados por la Fiscalía General de la República cuyos directivos han señalado que no se han recibido elementos probatorios en contra de tales personajes.
La presidenta Sheinbaum dice por su parte que “no se protegerá a nadie”, pero exige a Estados Unidos que sustente las acusaciones con pruebas legales comprobables.
Las autoridades norteamericanas no han abundado en el tema en las semanas recientes, sin embargo la amenaza de Terry Cole de ir tras los políticos coludidos en el narco indica que la acusación múltiple de Sinaloa podría revivirse en cualquier momento.
Es evidente que si dos de los 10 señalados se entregaron por voluntad propia a la justicia norteamericana es porque sienten culpa o tienen algo que decir al respecto. Pero de ahí a que Rocha Moya y el resto de los acusados se declaren en total inocencia resulta por demás extraño e inverosímil.
Los tiempos parecen avanzar y podrían llegar a su clímax en este escabroso episodio de funcionarios sinaloenses implicados con el cártel de “Los Chapitos”.
NOTICIAS FINALES…
Resulta ridículo que el INE quiera prohibir al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el uso de vocablos como “narcopartido” o “narcogobierno” al Morena y a su gobierno.
¿Qué autoridad jurídica tiene el INE para limitar la libertad de expresión de un político y ciudadano? En ese caso que prohíban también a Trump declarar que en México gobiernan los cárteles y no la presidenta Sheinbaum.
Comentarios a jhealy1957@gmail.com