Acuden afectados por 'cártel inmobiliario' al Registro Público de la Propiedad
El grupo de afectados por el llamado “cártel inmobiliario” acudió la tarde de este martes al Registro Público de la Propiedad para informar al nuevo titular del modus operandi con que fueron defraudados, y pedirle que haga una revisión profunda del personal que tiene a su cargo.
“Cuando alguien llega a la casa sucia tiene que barrerla, el nuevo director debe tener precaución en estas situaciones, por supuesto que hay trabajadores de aquí que estuvieron involucrados”, dijo Alfonso Serrano antes de reunirse con el director del RPP en esta ciudad, Javier Armendáriz Reyes Retana.
En representación de los afectados, señaló que se mostrarían las pruebas de la colusión del personal de esa oficina en los trámites que se realizaron desde la extinta Notaría Pública Número 45, que incluyen los documentos expedidos por el Catastro Municipal con códigos QR que acreditan la propiedad del ayuntamiento y la cesión de los predios al defraudador, el exnotario Fernando “N” quien recientemente fue detenido en Madrid, España.
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Se registra una baja en comparación con el mismo mes del año pasado“Tenemos testimonios de que los trabajadores de aquí, del Registro Público, se reunían a comer cerca y se llevaban las computadoras para buscar predios que estuvieran intestados o tuvieran algún problema con el predial, para incluirlos en el entramado del fraude”, indicó Serrano, en referencia a que luego esas propiedades las anunciaban en redes sociales en venta.
Hasta el momento, las víctimas del fraude inmobiliario desconocen si hay procesos penales iniciados en contra de trabajadores del RPP, pero indicaron que el cambio de titular justo cuando se da la detención del exnotario Fernando “N”, genera confianza de que se actuará a fondo hasta esclarecer los hechos y castigar a quienes estuvieron involucrados.
Alfonso Serrano resaltó que el grupo de 27 afectados ha recibido toda la atención del secretario general de Gobierno, Óscar Pimentel González, quien a su vez ha instruido a distintas áreas a dar el seguimiento al caso; de igual forma indicó que hay resultados de la actuación de la Fiscalía General del Estado a cargo de Federico Fernández Montañez, cuya intervención ha sido vital para la captura de Fernando “N”, de quien se espera su llegada los primeros días de septiembre próximo.
Además, se han generado reuniones con el titular de la Consejería Jurídica Municipal, Gerardo Márquez Guevara y con el secretario de Desarrollo Regional de La Laguna, Hugo Dávila Prado, quien les ofreció incluirlos en los programas de apoyo del gobierno estatal.
Lo anterior, considerando que todos ellos han tenido pérdidas económicas derivadas de los viajes a Saltillo, reuniones y todas las gestiones ante diversas instancias en su movimiento, por lo que se ven obligados a faltar a sus trabajos.
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Otro de los avances en la lucha de las víctimas del “cártel inmobiliario” es el relacionado con la reparación del daño, mediante la oportunidad de adquirir a un precio asequible, lotes de terreno de un predio que se localiza en la colonia Latinoamericana.
Para dar ese paso, se requiere que el terreno de unos 5 mil metros cuadrados sea desincorporado de la propiedad municipal y se adjudique a la Comisión Estatal de Vivienda (CEV) de Coahuila, con cuya instancia deberán hacer el trámite quienes estén interesados. La idea es que cada uno de los 27 afectados acceda a un lote de terreno de dimensiones equivalentes al predio con que fueron defraudados.
La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, a cargo de José Ignacio Máynez repitió el procedimiento previo a la desincorporación, ya lo envió a la Consejería Jurídica y de ahí pasará a la Secretaría del Ayuntamiento, para que este a su vez lo remita a las comisiones de regidores y tras su aprobación, obtenga el aval del pleno del Cabildo.
Sin embargo, los afectados señalaron que hay dudas sobre la aprobación de algunos integrantes, y señalaron a la síndica Natalia Fernández Martínez, de quien según dijeron, se opone a que el Municipio entregue el terreno para restituir el daño a los afectados.
Señalaron que para aclarar esa situación, pidieron una reunión con Fernández Martínez, y consideraron que los ediles deberían tener empatía hacia la situación que están padeciendo los ciudadanos.
A más de un año en que se hicieron públicos los primeros casos, el fraude inmobiliario apunta a ser de los más cuantiosos en la historia de Torreón, pues además de los 27 afectados, se considera que hay más de 130 personas que no han interpuesto demandas ni han recurrido a ninguna autoridad. Se estima que el monto de los daños en estos casos alcanzaría los 100 millones de pesos.
