Acusaciones de Estados Unidos
El sistema de procuración de justicia de Estados Unidos no es perfecto. En muchos crímenes incorpora tecnologías avanzadas, como las pruebas de ADN, que dan certeza a los resultados, pero para combatir el crimen organizado depende en exceso de testigos colaboradores que se han convertido en testigos comprados. Estos les dicen a los fiscales exactamente lo que quieren escuchar, a cambio de recibir beneficios en sus juicios o incluso dinero.
Las autoridades mexicanas aceptan sin chistar las acusaciones de los fiscales estadounidenses cuando van dirigidas contra sus enemigos políticos, como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Poco importa que no haya habido ninguna evidencia de hechos en su contra, sino simplemente una acumulación de declaraciones de testigos protegidos que provenían de las mismas bandas criminales que él combatió y muchos de cuyos miembros encarceló.
En contraste, el gobierno de México ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve miembros de la élite de Morena en ese estado. En estos casos, además de los usuales testimonios de criminales en busca de un buen trato judicial, sí parece haber pruebas fehacientes.
La fiscalía federal estadounidense sostiene que hubo una reunión previa a las elecciones de Sinaloa de 2021 entre el entonces candidato a gobernador Rocha Moya y dirigentes del cártel de Sinaloa, y que después los Chapitos operaron para apoyar las candidaturas de Morena. Al parecer hay evidencias de la reunión, pero también de que los Chapitos se movilizaron para secuestrar a candidatos y a representantes de partidos de oposición antes y durante la elección de 2021.
Los mexicanos debemos defender la presunción de inocencia, aunque es claro que la 4T ha sido el principal enemigo de este principio constitucional al ampliar y fortalecer la prisión preventiva oficiosa, que permite encarcelar a acusados antes de un juicio, y al autorizar el congelamiento de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin pruebas y sin órdenes de un juez. No podemos aceptar, sin embargo, la posición del gobierno federal de que los 10 de Sinaloa son necesariamente inocentes porque son miembros de Morena y amigos del expresidente López Obrador.
Ningún sistema de justicia en el mundo es perfecto y el de Estados Unidos no lo es. Hemos visto demasiados casos de culpabilidad sin fundamento que después son revertidos en apelación. Lo que sí hay en la Unión Americana son contrapesos en los tribunales, los cuales han desaparecido en México con la reforma judicial de la 4T.
Es muy peligrosa la idea de que el gobierno federal puede simplemente meter en un cajón las acusaciones del vecino del norte contra unos presuntos criminales. La respuesta de la presidenta Sheinbaum a la petición de detención y extradición de Rocha Moya y los coacusados debió haber sido detenerlos, extraditarlos y posteriormente prestar atención puntual a las pruebas que, por ley, deben presentarse en el juicio y no en la extradición. La simple negativa ha colocado a México en la mira política de Donald Trump.
Ya el presidente de Estados Unidos ha declarado que México está siendo gobernado por cárteles. Negar las órdenes de detención y extradición de un grupo de políticos acusados de narcotráfico porque son cercanos al gobierno no hace más que subrayar la supuesta complicidad que, según Trump, tiene el régimen mexicano con el narco.
