Acusados de violación a menores podrían alcanzar hasta 500 años de prisión
La pareja de Cuatro Ciénegas acusada de violación equiparada, abuso sexual, corrupción de menores y trata de personas podría alcanzar una pena de hasta 500 años de prisión si se integran tres denuncias pendientes al proceso penal que se les sigue y si se confirman todos los delitos en las cinco víctimas.
Esto fue señalado el doctor en derecho penal César García Diosdado, quien explicó que la legislación vigente contempla sanciones acumulativas dependiendo del número de afectados y agravantes comprobados.
El especialista precisó que, aunque por ética profesional no puede pronunciarse sobre casos específicos en procesos judiciales, sí es posible exponer el marco legal aplicable en términos generales.
Señaló que el Código Penal del estado establece castigos severos cuando las víctimas son menores de edad, personas incapaces o cuando existe abuso de poder por parte de los agresores.
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La Pronnif informó que el caso actualmente se encuentra en curso la etapa de investigación complementaria.Penalidades por delitos sexuales en Coahuila
De acuerdo con el análisis jurídico, la violación equiparada contempla una pena base de entre 10 y 17 años de prisión. Sin embargo, cuando la víctima es menor de edad o no tiene capacidad para comprender el acto, esta sanción se aplica en su rango más alto.
El abogado explicó que existen agravantes importantes, como cuando el agresor tiene una relación de confianza o autoridad sobre la víctima, como padres, tutores, maestros o cuidadores. También se incrementa la penalidad cuando participan dos o más personas en la comisión del delito.
En el caso del abuso sexual, detalló que la pena base oscila entre seis y 10 años de prisión. No obstante, cuando se configura con agravantes, como víctimas menores o incapaces, la sanción puede elevarse hasta un rango de 18 a 40 años de cárcel, conforme al artículo 227 del Código Penal estatal.
Trata de personas y acumulación de penas
En cuanto al delito de trata de personas, García Diosdado indicó que la legislación federal establece penas de entre 15 y 30 años de prisión para quienes obtengan beneficios mediante la explotación sexual de menores o personas vulnerables.
Subrayó que las penas pueden acumularse en función del número de víctimas, lo que incrementa significativamente los años de prisión. Explicó que cada caso debe analizarse bajo las figuras de concurso ideal o real de delitos, lo que permite al juez determinar la suma total de las sanciones.
En ese sentido, ejemplificó que, si se comprueban todos los delitos en cinco víctimas, las condenas podrían oscilar entre 250 y más de 500 años de prisión. Aclaró que estas cifras son ilustrativas y dependen de la acreditación plena de los delitos durante el proceso judicial.
Protección a víctimas y criterios judiciales
El especialista destacó que en este tipo de casos, las autoridades deben aplicar criterios como el interés superior de la infancia, la perspectiva de género y la protección a personas en condición de vulnerabilidad. Estos principios obligan al Estado a garantizar la máxima protección de los derechos de las víctimas.
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La joven afectada formalizó la denuncia e identificó plenamente a los agresores, quienes ya son buscados por las autoridades.Asimismo, explicó que existe la obligación de evitar la revictimización, por lo que los menores no deben ser sometidos a múltiples entrevistas o peritajes innecesarios. Este criterio está respaldado tanto por leyes especiales como por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.
Finalmente, García Diosdado señaló que los jueces tienen facultades para recabar pruebas adicionales de manera oficiosa cuando se trate de proteger a menores, lo que refuerza la responsabilidad del Estado en la investigación y sanción de estos delitos.
