Acusan en Monclova a coordinadora de los Ministerio Público de corrupción
Presuntos actos de corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado fueron denunciados públicamente en Monclova, al señalarse cobros indebidos para permitir el acceso a viviendas aseguradas.
El señalamiento fue realizado por Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del Foro de Abogados de Monclova, quien acusó a una coordinadora del Ministerio Público de exigir pagos irregulares.
De acuerdo con la denuncia, la funcionaria habría solicitado 30 mil pesos para retirar sellos oficiales colocados tras un cateo realizado en un domicilio familiar.
Posteriormente, tras un segundo operativo ministerial en el mismo inmueble, se habría exigido nuevamente una cantidad similar para permitir el reingreso a la vivienda.
El abogado identificó a la funcionaria señalada como Thelma Juárez Martínez, coordinadora de agentes del Ministerio Público en la región Centro del estado.
Reyna Adam explicó que la queja fue presentada por clientes suyos, vecinos de su despacho, quienes enfrentaron cateos simultáneos en dos domicilios de una misma familia.
Según el relato, el primer cateo se llevó a cabo bajo el argumento de presunta venta de droga y posesión de armas, pese a habitar el inmueble una pareja con hijos menores.
Indicó que, al encontrarse presente durante el operativo inicial, posteriormente se ordenó catear una vivienda contigua, propiedad del padre del joven involucrado.
Ambos domicilios fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado, colocándose sellos que impidieron el acceso a los propietarios durante varios días.
El vocero del Foro sostuvo que, días después, la funcionaria solicitó 30 mil pesos a cambio de retirar los sellos y permitir el ingreso a las viviendas.
Aseguró que el pago fue entregado y que, semanas más tarde, tras un nuevo cateo, se volvió a exigir otra cantidad similar.
Reyna Adam afirmó que estos hechos fueron expuestos directamente durante una audiencia ciudadana encabezada por el delegado regional de la Fiscalía.
Durante dicha audiencia, en presencia de otros funcionarios, uno de los afectados habría manifestado que ya había entregado previamente 30 mil pesos para recuperar su casa.
El abogado cuestionó que, pese a tratarse de una acusación directa de presunto cohecho realizada en un acto oficial, no se haya ordenado la suspensión inmediata.
Consideró que esta omisión podría deberse a falta de conocimiento técnico en materia penal por parte del delegado, aunque reconoció su trato cordial hacia la ciudadanía.
Añadió que la funcionaria señalada presuntamente también estaría relacionada con el cobro de multas a personas detenidas, lo que incrementa el riesgo de abusos.
Señalamientos previos y llamado a autoridades estatales
El vocero del Foro de Abogados recordó que hace más de una década se registró un caso similar dentro de la Fiscalía General del Estado.
En aquel episodio, señaló, una agente del Ministerio Público habría solicitado hasta 500 mil pesos dentro de un proceso penal por homicidio.
Indicó que dicha acusación fue realizada públicamente durante un juicio oral, con testigos y registro audiovisual, sin que se tenga conocimiento de sanciones posteriores.
Afirmó que estas prácticas afectan principalmente a personas privadas de la libertad, algunas de las cuales enfrentan procesos presuntamente fabricados o condenas excesivas.
Reyna Adam criticó el uso de testimonios emotivos para influir en jueces y sostuvo que existen sentencias desproporcionadas derivadas de actuaciones indebidas.
Finalmente, hizo un llamado al fiscal general del Estado y al gobernador de Coahuila para que intervengan y frenen los presuntos actos de corrupción.
Reconoció avances en materia de seguridad en la entidad, pero advirtió que estos pierden efectividad si persisten prácticas irregulares en policías y ministerios públicos.
