Afectados por fraude inmobiliario esperan restitución de predios

Personas que fueron defraudadas con la compraventa de terrenos y viviendas por la Notaría Pública Número 45 y supuestos promotores inmobiliarios, están a la espera de que el Municipio resuelva la desincorporación de predios con los que se les va a restituir el daño, luego de que dichos inmuebles nunca les fueron entregados.

Algunos de los afectados señalaron que en reuniones que se llevaron a cabo con la Secretaría General de Gobierno a cargo de Óscar Pimentel González, y a las que también asistieron el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el director de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Gustavo Muñoz y la subdirectora Gabriela Ávila, los funcionarios municipales establecieron el compromiso de actuar de inmediato una vez que dichas solicitudes de desincorporación llegaran a sus manos.

Tanto la Secretaría del Ayuntamiento como la Dirección de Urbanismo tendrían que remitir la propuesta a la Comisión de Patrimonio Inmobiliario, Tenencia de la Tierra, Planeación y Urbanismo, para que ésta emita un dictamen que luego se debe someter a la aprobación del pleno del Cabildo.

Alfonso Serrano, uno de los afectados indicó que son 12 predios que se deben desincorporar del Municipio para que puedan pasar a manos de un grupo de 27 personas que fueron defraudadas, lo que según se acordó con la Secretaría General de Gobierno, será una forma de restituir el daño patrimonial de que fueron víctimas.

Aunque la dependencia estatal se comprometió también a entregar 27 predios, entre casas y viviendas, éstos se consideran poco viables por las personas que los esperan, pues están ubicados en zonas de alta marginación y no compensan el valor económico de lo que ellos habían pagado.

“La parte más impactante no es el tema económico, sino emocional, físico, psicológico y social que se tuvo por la afectación de estos casos, y el desgaste que nos ha generado el tener que manifestarnos para hacernos escuchar; sin embargo la lucha sigue y no vamos a parar” indicó.

Señaló también que el alcalde, Román Alberto Cepeda incumplió su promesa de pagarles un abogado, la cual hizo en una ocasión que lo abordaron; recientemente, dijo Alfonso Serrano, se ha negado a concederles audiencia.

Pimentel González también instruyó al subsecretario de Gobierno, Alberto Aguirre a designarles un representante legal, con el fin de que se agilicen unas 60 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que de todos estos casos, solamente se han judicializado dos por parte de la FGE, por lo que los afectados acusan a dicha instancia de tortuguismo, apatía y desinterés, pues las primeras denuncias se hicieron desde 2020 y no han prosperado porque supuestamente faltan documentos para integrar, mismos a los que los afectados no tienen acceso sino que deben ser solicitados por la autoridad.

“Hacemos responsable al Municipio y Estado por haber permitido que los fraudes escalaran a ese nivel; hay denuncias desde 2020 contra la Notaría, Catastro, Predial, Urbanismo y Registro Público de la Propiedad que no han procedido”, indicó Serrano.