Ajustará Congreso de Coahuila legislación sobre violencia vicaria tras resolución judicial
El Congreso del Estado de Coahuila iniciará reformas al Código Penal para dejar establecido de manera expresa que las mujeres serán las únicas reconocidas como víctimas del delito de violencia vicaria, informó la diputada Beatriz Fraustro Dávila.
La medida se deriva de la resolución emitida recientemente por el Tribunal Constitucional de Coahuila, instancia que interpretó el artículo 252 del Código Penal estatal en el sentido de que esta figura jurídica aplica exclusivamente en protección de las mujeres.
Con este criterio, el Tribunal determinó que un hombre no puede denunciar a una mujer por violencia vicaria, además de señalar que existe una omisión legislativa que deberá corregirse mediante una reforma legal.

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Buscan delimitar las funciones de los agentes y garantizar transparencia para proteger a los conductores frente a posibles abusos de autoridad.Ante ello, Fraustro Dávila aseguró que el Poder Legislativo atenderá de manera inmediata el fallo judicial y prevé que las modificaciones puedan concretarse en las próximas semanas.
“La intención es armonizar la legislación estatal con lo establecido por el Tribunal y brindar mayor claridad jurídica sobre este tipo penal”, señaló la legisladora.
Indicó que el tema ya se encontraba bajo análisis entre el Congreso y el Poder Judicial debido a la relevancia que tiene la protección de los derechos de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia.
Aunque todavía no se recibe oficialmente la notificación de la sentencia, la diputada afirmó que existe disposición para avanzar rápidamente en las adecuaciones correspondientes una vez que el fallo sea formalmente turnado al Legislativo.

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Este tipo de violencia se reconoce como una agresión indirecta hacia las mujeres a través de sus hijos e hijasLa reforma buscará incorporar de forma textual en el Código Penal que la violencia vicaria tiene como sujeto pasivo únicamente a las mujeres, evitando así interpretaciones distintas a las establecidas por el Tribunal Constitucional.
Fraustro Dávila destacó además que la coordinación entre los distintos poderes del estado permitirá acelerar el proceso legislativo y cumplir con las observaciones realizadas por la autoridad judicial.
“El trabajo conjunto entre instituciones facilita que las resoluciones se traduzcan rápidamente en cambios legales”, puntualizó.