En marzo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emite la Sentencia #543, resolución inédita en México en la que el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación otorga la razón a ciudadanos residentes en la Comarca Lagunera que había promovido en 2019 un juicio de amparo, quejándose de que el Acuífero Principal, la fuente que provee agua a más de millón y medio de habitantes y a una parte importante de la agricultura y ganadería que se practica en esta región, así como al total de las actividades industriales, de servicios y comerciales, se encontraba sobreexplotado y contaminado, situación que inculpaba de esta situación a la dependencias federales de la SEMARNAT y la CONAGUA, responsables de gestionar el agua del subsuelo.
El Acuífero Principal es uno de los más estudiados entre los 635 acuíferos que hay en el país y, a partir de la Sentencia #543, el más inspeccionado. A pesar de ello, una pregunta que todos nos hacemos es ¿Por qué las políticas públicas implementadas para su gestión (la extracción y uso del agua del subsuelo), no contuvieron su sobreexplotación y contaminación, provocando la crisis hídrica regional que se expresa en el desabasto de agua a las viviendas y los negocios, aunado a los daños, invisibilizados por el gobierno, en la salud de miles de laguneros? ¿Qué ha pasado? ¿De qué han servido tantos estudios realizados y los fondos públicos aplicados para evitar o revertir el daño provocado? Son incógnitas que solo provocan sospechas y falta de respuestas creíbles en el discurso oficial.
Lo cierto es que la gestión del agua no ha sido la adecuada, sobre todo desde 1992, en que se promulgo la Ley de Aguas Nacionales (LAN) que permitió su mercantilización, que finalmente lo que provocó fue un desorden en la expedición de concesiones que favoreció el acaparamiento del este recurso en pequeñas élites de grandes empresarios y, con ello, el gobierno perdió el control y permitió el abuso en las extracciones de agua de las cuencas, ríos y acuíferos. La gestión del agua al amparo de la LAN salinista demostró el fracaso de la visión neoliberal de mercantilizar la naturaleza.
La SCJN fue clara en la Sentencia #543: señala que la SEMARNAT y la CONAGUA incurrieron en 19 omisiones que provocaron esta problemática, las cuales deben, por orden judicial, subsanar para recuperar el Acuífero Principal. Sin embargo, la ejecución de este mandato judicial es tan compleja como el problema que atiende, como se ha observado en este caso: durante casi dos años el anterior gobierno federal escamoteó cumplirlo, es hasta el inicio del actual que se decide hacerlo, convergiendo con la actual política hídrica, creando expectativas de que será más factible recuperarlo.
La SCJN obliga a las oficinas federal elaborar un programa conjunto que contenga las acciones que subsanen las omisiones señaladas, tarea nada fácil ya que si bien en los ámbitos gubernamentales, académicos y ciudadanos, es indiscutibles que existe el problema, hay información suficiente para documentarla de manera irrefutable, pero no la suficiente para medir y determinar el estado actual en que se encuentra el Acuífero Principal.
Es necesario actualizarlo con base a conocimientos científico-técnico, dimensionarlo para que se definan las políticas y acciones requeridas, para lo cual se ha solicitado el apoyo científico-técnico del Instituto de Geociencas de la UNAM, que cuenta con el personal especializado que puede realizar esta labor. El año pasado se firmó el convenio de colaboración entre la CONAGUA y la UNAM que proveerán esa actualización y la elaboración de un modelo de gestión que oriente a la primera en la definición y ejecución del llamado programa conjunto.
En los próximo cinco años se establecerán las bases para recuperar el Acuífero Principal. A la par de la actualización de la información sobre el estado en que este se encuentra, este año se empezarán a aplicar medidas centradas, en primer término, en acotar la sobreexplotación, es decir, en evitar la extracción ilegal del agua, iniciando con la instalación de 200 medidores telemétricos en igual número de pozos, seleccionados entre los pozos inspeccionados por la CONAGUA durante 2024-2025.
La inspección y la medición de las extracciones para frenar el huachicol del agua en La Laguna, son medidas ineludibles con las cuales no se pretende afectar derechos, solo corregir la situación irregular en que se encuentran las concesiones. Otra medida es establecer la red de medición piezométrica en algunos pozos para valorar el nivel del agua en el subsuelo.
Este 2026 se esperan avances importantes en la ejecución del programa conjunto: 1) la actualización de estado en que se encuentra el Acuífero Principal; 2) la elaboración de un modelo de gestión que oriente a la CONAGUA en la definición y aplicación de acciones de mediano y largo plazo que ayuden a recuperarlo; 3) la instalación de redes de medición telemétrica y piezomértica para saber con certeza los volúmenes de agua que se extraen del subsuelo y el nivel de los flujos que se presentan en este. Son avances importantes que después de tantos años se aplicarán y se cuentan con los fondos públicos aprobados para hacerlo. En hora buena y no hay que perder de vista que esto suceda.