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El consumo de alcohol es uno de los principales factores que detonan la violencia familiar en sectores vulnerables de Torreón, así lo revela el diagnóstico presentado por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI Laguna) y la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), al socializar los resultados de la segunda etapa del Modelo de Prevención de la Violencia Familiar en polígonos del suroriente de la ciudad.
Uno de cada dos encuestados en la colonia Rincón La Merced identificó el alcohol como el detonante más frecuente de agresiones en el hogar. El estudio detectó, en promedio, un establecimiento de venta de cerveza por cada 1,300 habitantes, lo que refleja una disponibilidad excesiva y un riesgo latente para la convivencia comunitaria.
“La violencia familiar ocurre detrás de puertas cerradas, afecta a mujeres, niñas y niños, pero también repercute en salud, educación y seguridad”, advirtió Marco Zamarripa, director del CCI Laguna.
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Se detectaron agresiones de menores hacia padres y abuelos, vinculadas a la ansiedad por dependencia digital, baja tolerancia a la frustración y consumo de sustanciasLa intervención se formuló a partir de un estudio cuantitativo con enfoque de derechos humanos. Se analizaron reportes al 911 y se aplicaron encuestas domiciliarias a 5,767 viviendas. Tres de cada diez personas declararon haber sufrido directamente algún subtipo de violencia en el hogar, desde agresiones físicas y verbales hasta amenazas, humillaciones o violencia económica.
David Ruelas, investigador del CCI, explicó que la colonia Rincón La Merced concentra la mayor incidencia de reportes de violencia de género en el municipio.
“El objetivo no fue sustituir a la autoridad ni duplicar esfuerzos; fue demostrar que desde la sociedad civil podemos diseñar intervenciones con evidencia, medir su efectividad y ponerlas a disposición de las instituciones para ser fortalecidas y escaladas”, señaló.
El modelo de intervención se estructuró en cuatro ejes: concientización de la población sobre los tipos de violencia y activación de rutas de denuncia; reeducación de hombres agresores mediante talleres de gestión de emociones y nuevas masculinidades; prevención comunitaria con actividades en escuelas, ferias de servicios y talleres de salud mental; y acceso a la justicia con acompañamiento jurídico y psicológico, apertura de expedientes y presencia de ministerios públicos en el sector.
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Ante el riesgo para la integridad de la mujer, los policías realizaron lo correspondiente y lograron detener al jovenSe realizaron más de 30 talleres y cinco ferias de servicios, atendiendo a más de mil jóvenes en secundarias del sector. Las actividades incluyeron charlas sobre prevención de adicciones, gestión de emociones, cohesión familiar y violencia digital, un fenómeno que se detectó con fuerza entre adolescentes.
Los impactos de esta segunda etapa fueron significativos: 1,135 beneficiarios directos y 3,973 beneficiarios totales; 175 hombres concluyeron programas de reeducación; más de 50 familias cuentan hoy con expedientes activos y planes de contención de riesgo; y se logró una reducción estimada del 35 por ciento en reportes de violencia familiar en el polígono intervenido.
La atención a casos específicos se formalizó mediante la apertura de más de 50 expedientes clínico-jurídicos y más de 110 servicios especializados, que incluyeron procesos de divorcio, custodia, pensiones alimenticias, denuncias penales y terapias psicológicas. La presencia de ministerios públicos en las ferias permitió que las denuncias se realizaran directamente en la colonia, eliminando barreras de traslado y burocracia.
Ana Laura Pérez, directora de la FEC, subrayó que la misión del empresariado es impulsar la movilidad social, lo cual no es posible sin atender la violencia familiar.
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El estado ocupa el segundo lugar nacional en tasa de violencia familiar por cada 100 mil habitantes y el sexto en llamadas al 911 por este delito“Los recursos destinados a estos proyectos adquieren su verdadero valor cuando se traducen en prevención, capacidades comunitarias e impactos medibles”, expresó.
José Armando González Murillo, director de Prevención del Delito, destacó la importancia de las alianzas entre sociedad y gobierno para dar tiros de precisión en la prevención.
“Gracias a estas estrategias logramos atender a más de mil jóvenes y proyectamos duplicar la cobertura en la segunda parte del año”, afirmó.
Zamarripa enfatizó que la sociedad civil debe ir más allá de los diagnósticos y convertirse en complemento de las autoridades. Señaló que este modelo de intervención comunitaria, basado en evidencia y datos, puede replicarse en otros sectores de Torreón y del estado. Incluso adelantó que se busca incorporar herramientas de inteligencia artificial para anticipar patrones de violencia y actuar de manera preventiva.
“El modelo Laguna y el modelo Coahuila funcionan porque la sociedad civil es parte fundamental de la estrategia”, aseguró. El siguiente reto, coincidieron CCI y FEC, es transformar esta experiencia en una política pública de mayor alcance, que integre prevención, salud, educación y seguridad en una agenda metropolitana.
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