Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente suspendió la construcción de nuevas presas, con la excepción de El Zapotillo en Jalisco. Anunció tal decisión el 8 de diciembre de 2018, en sus primeros días de mandato, y la sostuvo a lo largo de su sexenio. En el trayecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de su gobierno, publicó en su página web el 14 de marzo de 2020, Día de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, un argumento determinante: "En México, la política ambiental de la 4T no permitirá la construcción de nuevas presas por considerarlas obsoletas y destructivas". Sin embargo, Claudia Sheinbaum y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retoman, a partir de 2024, la construcción de presas y acueductos plasmada primero en los 100 pasos para la Transformación y después, ya como políticas públicas, en el Plan Nacional Hídrico 2024-2029 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, lo que lleva a preguntar: ¿Por qué ese viraje de la 4T? El golpe de timón hizo brotar en 2025 nuevas resistencias de afectados por estos megaproyectos en pueblos, comunidades, núcleos agrarios y organizaciones de diversas cuencas hidrográficas del país, como en Sonora, Zacatecas, Oaxaca, San Luis Potosí y Guanajuato, entre otras, y prendió luces de alerta en luchas socioambientales que vienen, cuando menos, de los últimos veintidós años en ríos de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Nayarit.
La explicación que dio la Semarnat el 14 de marzo de 2020 -Gobierno de AMLO-, a su decisión de no permitir la construcción de nuevas presas por considerarlas obsoletas y destructivas, fue la siguiente.
"La construcción de presas en el planeta ha puesto en estado crítico no sólo a las principales cuencas fluviales del mundo donde han degradado la biodiversidad y la calidad del agua, sino también a las microcuencas, con los mismos resultados".
Reproducimos a continuación partes sustanciales de su argumento; documento que aún puede consultarse en línea.
Los cinco continentes -dice- comparten experiencias similares, por lo cual también en varios países de América Latina, entre ellos México, comunidades originarias se movilizan por la defensa de sus ríos y, por añadidura, de sus territorios, de los que son despojados, y miles de personas han perdido tierras sagradas, patrimonio y cultura, al ser obligadas a migrar.
La crisis que hoy enfrentan las principales cuencas del orbe la advertía décadas atrás una veintena de naciones que convocaron en marzo de 1997 al Primer Encuentro Internacional de Afectados por las Represas, en Curitiba, Brasil, y acordaron conmemorar el Día Internacional de Acción por los Ríos cada 14 de marzo.
El objetivo ha sido levantar la voz contra proyectos de gestión de agua destructivos, como las represas, recuperar el bienestar de sus cuencas hidrográficas y exigir una gestión equitativa y sostenible de sus ríos.
Hasta años recientes se pensaba en los beneficios de una presa grande, mediana o pequeña para el riego agrícola, el abastecimiento de los centros urbanos e industriales, o la generación de energía, pero nunca se previó el daño irreversible a los ecosistemas y a las comunidades originarias que perdían manantiales y ríos, y veían devastados sus bosques y selvas, perdidos sus territorios con su belleza paisajística y la biodiversidad, lo que al final se revierte contra la sociedad en su conjunto, urbana y rural.
Gustavo Castro Soto, autor de El agua y los ríos amenazados en México, advertía en 2007 que las grandes presas del país, y en general de América Latina, construidas 40 años atrás, se acercaban al final de su vida, que era de 50 años, punto que los gobiernos nunca consideraron al construir una presa, y dejaron la solución a la administración que le tocara afrontarlo después.
En su libro, Castro Soto explica que el desmantelamiento de presas representa costos millonarios para eliminar tanta sedimentación que rebasa las posibilidades tecnológicas o presupuestales. Afirma que tampoco se propusieron medidas de mitigación de desastres o planes de evacuación para cuando la presa colapse. Por tanto, para el modelo de producción -que se impulsó en este lapso- no sólo habría que generar más presas sino renovar las existentes.
A lo largo de los últimos decenios, nuevas voces han surgido para revertir la compleja problemática de los ríos y las presas, elefantes blancos instalados en todo el mundo, que reclaman la atención de alternativas viables y amigables con el medio ambiente y con las personas asentadas en los entornos riparios.
En 1985 surgió International Rivers (IR), una organización ambientalista y de derechos humanos que combate las represas destructivas y sus efectos colaterales en más de 60 países. En 2014, IR publicó El estado de los ríos del mundo, "una base de datos interactiva en línea que ilustra el papel que las represas han desempeñado para empobrecer la salud de los ríos del mundo, y cómo décadas de construcción de presas han puesto a muchas de las cuencas fluviales en soporte vital".
Hacia la democratización del agua, México incursiona en una nueva visión del manejo del agua y de defensa de los ríos. Víctor M. Toledo, responsable de la política ambiental del país [Recuérdese que este documento es de 2020], ha expresado: "En la Semarnat no vamos a permitir una presa más, aunque en algunos estados hay algunos intentos. Es una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador".
Aclara que se busca concluir la construcción de las presas que ya estaban en proceso y tenían que terminarse, pero siempre con la aprobación de la ciudadanía. Hay varios casos como el de La Parota en Guerrero [año 2020], en los cuales, si la población consultada no acepta la presa, ésta no se construye, porque ya es una tecnología obsoleta.
La reorientación es necesaria porque "con el avance de la tecnología una presa es una especie de mastodonte que ya no funciona".
@kardenche