Antonio Attolini dijo ser víctima de persecución política, tras robo ocurrido en casa de su hermano
El diputado local de Morena y precandidato al mismo cargo por el Distrito 09 de Torreón, Antonio Attolini Murra denunció una supuesta persecución política en su contra, esta vez por el caso del robo que se registró en el domicilio de su hermano Alberto en el sector Viñedos, el cual ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE); el legislador dijo que se pidió al Comité Ejecutivo Nacional de su partido que se soliciten medidas cautelares para su protección.
El legislador señaló el pasado viernes, un guardia de seguridad de la empresa de seguridad privada SPI asaltó la casa de su hermano en un fraccionamiento cerrado de dicho sector, el cual fue capturado saliendo de la vivienda después de haber destruido una de las habitaciones y sustraído una caja fuerte, según un video que los vecinos captaron.
La persona detenida resultó ser el mismo encargado de la seguridad en el fraccionamiento, donde el hermano del diputado local es parte del comité de vigilancia.
Attolini dijo que el mismo guardia declaró “estar trabajando por órdenes de alguien más”, y denunció que el dueño de la empresa de seguridad, Jesús Santacruz Betancourt, quien se ostentó como director general, se presentó armado en el domicilio de su hermano para tratar de llegar a un acuerdo de reparación del daño, a lo que no se accedió.
Según señaló el legislador, la empresa tiene el registro número SSP/ESP/112/01 ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que pidió que dicha instancia y la FGE hagan una revisión del caso, pues la versión del dueño en el sentido de que su trabajador se encontraba bajo un esquema de extorsión no es creíble.
El diputado de Morena atribuyó estos hechos a que unos días antes, el pasado martes, presentó ante el Congreso del Estado alrededor de 10 mil firmas ciudadanas a favor de que se dictamine la solicitud de juicio político en contra del alcalde, Román Alberto Cepeda González, en seguimiento a la denuncia de juicio político que se presentó el pasado 5 de diciembre.
Expuso que el Congreso local tenía 60 días de plazo para dictaminar, es decir, revisar si es conducente o no dicha solicitud, y turnar el caso a la Comisión Instructora de Juicio Político.
“El pasado 5 de febrero concluyó el plazo, por lo que desde entonces el Congreso está en desacato”, sostuvo, al referir que la denuncia de juicio político presenta varias presuntas violaciones a derechos humanos y también a programas y presupuestos estatales y federales, según la información recopilada por el mismo diputado y que es pública y notoria, según dijo, ya sean violaciones a derechos humanos que la misma CDHEC ha acreditado o reportes de auditoría estatal y federal sobre observaciones no solventadas.
Antonio Attolini dijo que “no puede ser Torreón la tercera ciudad más segura del país cuando a un representante popular le sucede lo que al resto de los ciudadanos, como vandalismo, riñas, golpes, robo en casa habitación y el gobierno municipal no hace nada”.
Aseguró también que al gobernador Manolo Jiménez Salinas lo engañan las autoridades que participan en el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (Consede), donde se revisan las incidencias de delitos, pues según indicó, ocurren este tipo de casos, al igual que riñas, robos a domicilios entre otros.
