Antonio Attolini entrega 10 mil firmas; exige al Congreso dictaminar juicio político contra alcalde de Torreón

En sesión del Congreso del Estado, este martes el diputado Antonio Attolini Murra, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a que dictamine la denuncia de juicio político en contra del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

Durante su intervención, presentó 10,675 firmas ciudadanas, organizadas en cajas y acompañadas de nombre, sección electoral y firma de autorización, como muestra del respaldo popular para que el Poder Legislativo cumpla con su obligación constitucional de analizar y resolver la denuncia presentada.

“La ciudadanía ya hizo su parte. Hoy venimos a exigir que el Congreso haga la suya”, señaló.

Recordó que la denuncia de juicio político fue presentada y ratificada el 9 de diciembre de 2025, y posteriormente turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para determinar su procedencia conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales.

Explicó que la Ley Orgánica del Congreso establece plazos claros para la dictaminación de los asuntos, por lo que insistió en que el Legislativo debe actuar con responsabilidad y apego a la legalidad.

“¿Cómo podemos venir a esta tribuna a exigir, exhortar y legislar a favor de las y los coahuilenses si nosotros mismos no cumplimos nuestra propia ley?”, cuestionó.

Subrayó que la denuncia de juicio político incluye acusaciones graves relacionadas con posibles violaciones a la Constitución, abusos de funciones, afectaciones al erario municipal y omisiones graves en materia de seguridad, derechos humanos y administración pública en Torreón.

Entre los hechos señalados en la denuncia, se encuentran diversos episodios que de acuerdo con el documento presentado ante el Congreso, habrían causado perjuicios graves al municipio y a la sociedad, así como irregularidades administrativas y omisiones en el ejercicio del gobierno municipal.

Sostuvo que su propuesta no busca sustituir el trabajo de la Comisión, sino exigir que cumpla con su responsabilidad institucional y que el Congreso actúe con transparencia frente a una demanda ciudadana legítima.

“El juicio político es un mecanismo constitucional para revisar la conducta de los servidores públicos. No pedimos condenas anticipadas: pedimos que se investigue, se dictamine y se actúe conforme a derecho”, afirmó.

Finalmente, reiteró que las 10,675 firmas entregadas al Congreso representan la exigencia de miles de ciudadanos de Torreón que reclaman rendición de cuentas y respeto a la legalidad.

“Estas cajas contienen algo más que firmas: contienen la voz de una ciudad que exige que el Congreso cumpla con su deber”, puntualizó.