La pinza se está cerrando. El creciente control territorial del crimen organizado y la exigencia de Estados Unidos de romper el vínculo entre el poder político y el poder criminal amenazan la soberanía nacional. De la solicitud de detención de Rocha Moya con fines de extradición a la revisión de los controles financieros a las remesas hay un hilo conductor: Washington ve en el crimen organizado mexicano un riesgo para su seguridad nacional.
La Cuarta Transformación fue definida por AMLO como la separación entre el poder político y el económico, o más precisamente, el control del primero sobre el segundo. La consecuencia más clara ha sido la caída de la inversión privada. En paralelo, su gobierno permitió la fusión entre el poder político y el criminal en muchas entidades. Todo con tal de alcanzar y conservar el poder.
La respuesta del gobierno de Sheinbaum es reveladora. Si Estados Unidos pide la detención de Rocha y sus cómplices porque ganaron la gubernatura con el apoyo abierto del crimen organizado, algo sabido y documentado desde 2021, la reforma legislativa presentada por Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, es añadir un inciso al artículo 41 de la Constitución, para establecer la intervención extranjera como causal de nulidad en una elección.
Esta reforma se reglamenta en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Algunas de las cláusulas que justifican la anulación: "intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales"; "la realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular"; "vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión, intimidación o afectación al orden constitucional". Y la que no puede faltar en una reforma autoritaria: "cualquier otra conducta que, conforme a la valoración jurisdiccional correspondiente, comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad y libertad del sufragio".
Cualquier pretexto podría servir para anular una elección cerrada: si Trump manda un tuit a favor de un candidato de un partido o Musk retuitea algo crítico de Morena. La soberanía es entendida como la posibilidad del partido en el poder de hacer lo que le plazca.
Cuando la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró no haber sido informada de la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar narcolaboratorios, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, fue contundente: "Si no lo sabía, es muestra de un gobierno inepto; y si sí lo sabía, tendrá que explicarlo ante el pueblo de Chihuahua".
Ese es el dilema que enfrenta Sheinbaum. ¿Sabe o no sabe de la penetración del crimen organizado en el poder político? Se ha dado en todos los partidos, como no se cansan de repetir sus defensores, pero nunca como ahora con Morena en el poder. En la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos le habrán mostrado pruebas y exigido acciones. ¿Defenderá a su país o a su partido?
A ella le toca decidir si le entra a la Quinta Transformación: construir instituciones políticas que impongan límites claros al crimen organizado, sin importar las lealtades políticas. No se puede eliminar el crimen por decreto, pero sí puede dejar de proteger a sus aliados. Es costoso para su coalición, pero no hacerlo es poner en riesgo al país.
Por ahora, han optado tener mayor control sobre las elecciones. Si bien están presentando otra reforma que obliga a los partidos a verificar antecedentes criminales de sus candidatos, será desde las instituciones controladas por el mismo gobierno. Para colmo su cumplimiento será voluntario. Como dependerá de la voluntad gubernamental activar la anulación si pierden una elección.
ÁTICO
En la reforma electoral, la soberanía es entendida como la posibilidad del partido en el poder de hacer lo que le plazca.