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La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la audiencia que había solicitado para imputar y pedir el procesamiento de los implicados en un caso de lavado de casi 10 mil millones de pesos, uno de los asuntos más cuantiosos de blanqueo de activos en la última década.
Se trata del caso de las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT --algunas declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como "factureras" en forma definitiva-, las cuales habrían lavado 9 mil 631.8 millones de pesos del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018 y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019.
En mayo pasado, Grupo REFORMA dio a conocer la judicialización de esta carpeta de investigación cuyo monto imputado es similar al presupuesto que tiene asignado este año la Secretaría de Relaciones Exteriores, que asciende a 9 mil 294 millones de pesos, o de Gobernación, que es de 9 mil 959 millones de pesos.
A solicitud de la FGR y sin la oposición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Juez de control Erick Adrián García Gómez, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, archivó la causa penal contra las tres personas que iban a ser acusadas por lavado.
"El representante social de la Federación solicitó que se dejara sin efectos la solicitud de audiencia inicial en el presente asunto por así convenir a sus intereses, petición a la que las partes no se opusieron", señala el acuerdo del Juez suscrito el pasado 22 de julio, sin que se diera a conocer el motivo.
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El caso corresponde a operaciones de Optimización Dalga, Lovies y OHATUna fuente judicial dijo que la Fiscalía decidió desistirse de la audiencia de imputación porque pretende perfeccionar la indagatoria y volver a judicializar el caso contra más personas de las que aparecen en los registros bancarios y empresariales.
La FGR originalmente judicializó el caso contra José Luis Pedraza Ávila, Diana Luz Torres García, Teresa García Quintana, Francisco Manuel González Roda, Rafael Solano López y Vicente Estrada Viveros. Este último parece ser una figura clave en la indagatoria.
Estrada Viveros aparece registrado como accionista de Lovies y apoderado de Optimización Dalga y OHAT. Solano es accionista en la primera de esas empresas; Torres y González, en la segunda; y García y Pedraza en la última.
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Las razones sociales fueron constituidas en 2015 ante Notarios Públicos de la Ciudad de México y del Edomex. Varias de sus transferencias fueron con personas físicas de la CDMX, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Según la FGR, del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018 y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019 estas compañías registraron 17 mil 566 depósitos por 9 mil 631.8 millones de pesos y un total de 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos.
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Consideró que el juicio de amparo va a seguir concediendo amparos, aunque lo que corresponde a la suspensión, vio como tema delicado, el bloqueo de cuentasPor el monto, es el segundo caso de lavado de dinero más importante que ha sido llevado por la FGR ante los tribunales en más de una década.
