Asfixiante deuda

En México los niños no llegan con una torta bajo el brazo. A su arribo, más bien, tienen que asumir la injusta responsabilidad de una deuda de más de 160 mil pesos por cada uno.

México vivió una crisis de deuda pública en los años ochenta del siglo XX como consecuencia del gasto excesivo de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. La deuda pública alcanzó un nivel sin precedentes de 95 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1987. A partir de entonces, las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari empezaron a tomar medidas para reducirla. Se vendieron, en particular, empresas públicas y los ingresos se usaron para reducir el endeudamiento.

Para 1993, el saldo ya era de solo 33 por ciento. Fue un saneamiento extraordinariamente rápido, que permitió a México dejar atrás la “década perdida” de los ochenta, cuando el país no tuvo crecimiento.

En 2007, al comienzo del gobierno de Felipe Calderón, se registró el nivel más bajo de la deuda pública: 21.7 por ciento del producto interno bruto. El presidente, sin embargo, empezó a incrementar el gasto de manera importante, en especial después de la pandemia de influenza AH1N1 de 2010.

Enrique Peña Nieto continuó con el aumento. En 2018, la deuda pública alcanzó un nivel de 44.8 por ciento del PIB. Para 2024, al terminar el sexenio de López Obrador, la cifra era ya de 50.3 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por otra parte, ha previsto en el presupuesto para 2027 elevarla a 55 por ciento del PIB. Quizá no parezca demasiado, pero es más que el 46 por ciento que se registró en 1982, cuando estalló la crisis financiera al terminar el gobierno de López Portillo.

En términos nominales, López Obrador heredó una deuda pública de 10.8 billones de pesos en 2018 y le dejó a Claudia Sheinbaum un saldo de 17.4 billones de pesos, un aumento de 70 por ciento. Para 2027, el presupuesto considera que la cifra alcanzará los 21.8 billones de pesos.

No solo está creciendo la deuda, también su costo. En 2018 se pagaron 615 mil millones de pesos para cubrir los intereses. Era una cantidad alta, 2.6 por ciento del PIB, pero manejable. Sin embargo, para 2027 se espera un costo financiero de 1.6 billones de pesos, más del 4 por ciento del PIB.

El impacto en las finanzas públicas es ya muy importante. Una parte del aumento del costo financiero es producto del hecho de que México paga un rendimiento sobre su deuda superior a lo que debería por la desconfianza de los inversionistas. A pesar de que el país tiene grado de inversión, requiere el pago de intereses de “bonos basura”. Incluso Guatemala, que no tiene ese grado de inversión, está emitiendo bonos soberanos con un rendimiento menor.

México, como nación, está pagando el costo de la contaminación generada por la fragilidad financiera de Pemex. La empresa petrolera ha mejorado su perfil de deuda, pero no porque ya esté ganando dinero, sino porque ha recibido transferencias del gobierno. Los inversionistas saben, sin embargo, que esto debilita las finanzas públicas, sin necesariamente sacar adelante a Pemex.

La deuda pública ha sido la causante en el pasado de varias crisis económicas de nuestro país. En el siglo XIX fue incluso la excusa para una intervención militar de Francia, después de que México suspendió el pago de su deuda. En los años ochenta del siglo XX provocó un desplome económico de casi una década. Lo peor es que este es un problema que no viene de fuera: lo está generando nuestro propio gobierno por su irresponsabilidad financiera.