'Edad militar', el criterio de EU para no contar todas las bajas civiles durante ataques en Medio Oriente

El presidente Donald Trump declaró el jueves que Estados Unidos comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico en México. Lo anterior sin una fecha definida y mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca estrechar la colaboración y cooperación con EU, aparte de un diálogo con el secretario de Estado, Marco Rubio. 

Desde hace años ha propuesto desde lanzar ataques con misiles como le comentó en su primer periodo a uno de sus secretarios de Defensa, Mark Esper, con la intención de destruir los laboratorios de producción de droga. Incluso en su libro, Esper dice que Trump planteó que “nadie” sabría que fue EU. 

Además, el mandatario ha considerado desplegar Fuerzas Especiales de EU en México, las mismas que un libro reciente del periodista Seth Harp reveló estarían implicadas en presunto tráfico de drogas. 

En caso de una intervención militar de Estados Unidos, Medio Oriente tiene un historial de más de 20 años siendo testigo y víctima de ambos despliegues que han cobrado la vida de cientos o miles de civiles sólo por ataques con drones, como reportó la organización The Bureau of Investigative Journalism (BIJ) al dar seguimiento durante 10 años, entre 2010 y 2020 a los ataques y acciones encubiertas en Pakistán, Yemen, Afganistán y Somalia. 

El uso de drones y las bajas civiles

En el año 2000, señaló BIJ, Estados Unidos dio el salto cuando la Fuerza Aérea y la CIA colocaron misiles en drones como un fallido intento para asesinar al líder terrorista de Al Qaeda, Osama bin Laden.  

A lo largo de los primeros 15 años de la llamada “Guerra contra el Terror”, iniciada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los drones fueron usados en al menos siete países tanto para recolectar información como encontrar a terroristas e insurgentes; viendo su mayor expansión con el expresidente demócrata Barack Obama, que encontró la forma de llevar a cabo ataques sin arriesgar la vida de las tropas y el argumentar no estar en guerra. 

La investigación del BIJ analizó tres mil documentos desclasificados por el Pentágono y encontró que había una “aceptación institucional” del daño colateral por sus ataques con drones, revelando la prevalencia de muertes de civiles como resultado de los ataques contra supuestos terroristas.

En septiembre de 2021, la académica Vicky Karyoti, de la University of Southern Denmark, afirmó que seguido las víctimas de los ataques con drones son asesinadas indiscriminadamente, sin un juicio previo o sin cumplir con los criterios de la Convención de Génova para clasificar a alguien como combatiente, esto por los cambios en las estrategias de guerra. 

Una década antes, en marzo de 2011, el directivo del programa de Justicia de Open Society Global Programs, Chris Rogers, planteó que el gobierno de Estados Unidos había cambiado su política de uso de drones pasando de atacar a figuras de alto nivel de grupos terroristas a centrar sus objetivos en militantes de bajo nivel cuya identidad era desconocida por el público y si estaba sujeto a una revisión legal rigurosa. 

Al ampliar el rango del uso de la fuerza el determinar que alguien era “combatiente” se basaba en evidencia circunstancial y factores no relacionados con investigación sobre el individuo, menores restricciones que luego fueron documentadas por la exdiplomática estadounidense Ann Wright quien al analizar cómo Estados Unidos había militarizado su política exterior, mencionó que el gobierno de Obama designó a todos los hombres con “edad militar” en zonas de objetivo extranjeras como "combatientes", haciéndolos objetivos potenciales. 

La organización Action on Armed Violence definió en noviembre de 2019 que la “edad militar” se refiere a todos aquellos jóvenes y hombres mayores de 16 años de edad, sin importar si participaban en hostilidades. Esta clasificación aparte servía para diferenciarlos e incluso no incluirlos entre las cifras de bajas civiles. 

Actualmente, Estados Unidos ha estado llevando la misma lógica en Medio Oriente al Caribe y el océano Pacífico, donde más de 100 personas han sido asesinadas señaladas de supuesto narcotráfico sin que el gobierno de Trump haya mostrado pruebas en sus ataques a botes.