La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que arribó al poder a nombre de Morena y por especial impulso del entonces dirigente de este partido, Mario Delgado, se ha colocado en una tesitura de probable colaboración impropia con un gobierno extranjero, acaso colindante con el delito de traición a la patria.
Ayer, luego que el columnista Héctor de Mauleón hubiera difundido grabaciones en las que se le escuchaba hablando con presuntos agentes o intermediarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre los riesgos de ser imputada y extraditada a Estados Unidos, la propia mandataria reconoció la autenticidad de tales audios, aunque rechazó las “interpretaciones construidas a partir de fragmentos aislados de la conversación”.
Las frases difundidas y reconocidas a medias por la gobernadora la muestran sumamente preocupada por las investigaciones que hubieran realizado autoridades de Estados Unidos en su contra y se mencionan diálogos o entrevistas referidos a “la procuradora”, ha de suponerse que la de Estados Unidos. Tales autoridades estarían a disgusto por la pérdida de tiempo que habrían implicado las reuniones y diálogos con la mexicana.
Ante ello, ante esa presión para que ofrezca material relevante y no minucias, Ávila Olmeda llegó a decir: “yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber; cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”.
Resulta peligrosa e inaceptable la disposición de quien está a cargo de un gobierno estatal para “apoyar, cooperar” con autoridades de un país extranjero que está en una especie de preguerra con México y que afirma estar dispuesto a invadir territorio nacional para capturar a políticos y personajes conforme a las leyes de aquel país. Su conducta no es la misma que la de María Eugenia Campos (“Maru”), la gobernadora panista de Chihuahua y su apertura y entendimientos con agencias, entre ellas la CIA, pero también es una forma de colaboracionismo en territorio fronterizo con la nación marcadamente agresiva con México.
Ávila Olmeda nació en Mexicali, en octubre próximo cumplirá 41 años y se menciona que en su juventud fue cercana al Partido Acción Nacional, aunque desde 2015 desarrolló una carrera política con Morena, que le llevó a ser diputada federal, presidenta de su ciudad natal y gobernadora.
A días de asumir la presidencia municipal de Mexicali, en 2019, se casó con Carlos Torres Torres, quien había sido líder juvenil panista a nivel nacional, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina y diputado federal. Llegada a la gubernatura, nombró a su esposo como coordinador de proyectos estratégicos, sin sueldo, a título honorario, envuelto siempre en señalamientos de tráfico de influencias y actos de corrupción en la asignación de obras y servicios del gobierno de su cónyuge.
A Torres Torres y Ávila Olmeda les retiraron la visa estadounidense en mayo de 2025 y poco después se anunció el divorcio de la pareja gobernante. Los intentos de control de daño que han realizado no les han funcionado.
Ahora, la gobernadora se enfrenta a la difusión de una audiograbación que le exhibe en un plano de debilidad que sus opositores, sobre todo Acción Nacional, están aprovechando, y que a sus propios compañeros de partido debería preocupar en cuanto indica una disposición a negociar lo que le fuera posible con el gobierno de Estados Unidos que, por su parte, busca que le sea entragada alguna pieza relevante del escaparate guinda de poder, sea sinaloense o cuando menos bajacaliforniano.
Y, mientras en Estados Unidos se afinan tanto la sentencia contra Ismael Zambada, el Mayo, como las declaraciones a conveniencia que este habrá de hacer sobre las relaciones corruptas que habría tenido durante más de medio siglo con políticos, militares y policías mexicanos, ¡hasta mañana!
