La DEA sube el tono de la confrontación. Agrega decibeles a las amenazas y planta una etiquetación rotunda de complicidad del gobierno de México con los cárteles del narcotráfico. Pero no se trata solamente de retórica: también se ha pisado el acelerador de la campaña interna de pavimentación para “preparar” el aterrizaje de acciones directas de Washington.
Visto en frío y en retrospectiva, el nuevo ataque de Terry Cole, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, conforme a sus siglas en inglés) podría parecer solamente un paso más en el proceso de ablandamiento que la Casa Blanca busca imponer a Palacio Nacional para obtener más ventajas en negociaciones comerciales, anexión de México a la doctrina continental de seguridad nacional que impulsa Donald Trump y control directo, operativo y financiero, del mayúsculo negocio del crimen organizado, con sus cuellos blancos inmersos en el lavado de dinero.
El citado jefe antidrogas, Cole, ha puesto más dinamita al asunto al asegurar que hay una “mortífera conexión” entre el narcotráfico y el gobierno mexicano, al grado que son “una y la misma cosa”. Tal “conexión” es la prioridad número uno del accionar de la DEA, puntualizó. Tal reiteración de la virtual declaración de guerra que ha sostenido el trumpismo tiene un amplio contexto de preparación del terreno (declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas, la conformación del “Escudo de las Américas”, entre otros ingredientes”), a lo que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha respondido en tono declarativo también a la alza.
En ese clima enrarecido, dicho gobierno 4T parece entramparse a la hora de categorizar la actitud de tentativa colaboracionista con Estados Unidos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La presidenta Sheinbaum y el secretario policiaco García Harfuch eludieron ir al fondo del asunto y recurrieron a explicaciones poco convincentes, sobre todo a la luz de la postura asumida en su momento respecto a la chihuahuense María Eugenia Campos y los agentes de la CIA.
También resulta ilógico, y contrario al interés nacional, que el gobierno mexicano hubiera expulsado del país al piloto que se ha dicho habría participado en el vuelo que llevó a Ismael Zambada, el Mayo, de Culiacán a Estados Unidos. Para ir a tono del espíritu balompédico mundialista se podría rememorar la frase popularizada por el cronista deportivo Enrique Bermúdez, apodado el Perro, para referirse a un futbolista que perdía una oportunidad dorada de anotar gol: “era suya, la tenía… ¡y la dejó ir!”.
A Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “Jando”, Estados Unidos lo deportó luego de aquel 25 de julio de 2024, cuando un chapito llevó a un aeropuerto de Nuevo México al hasta entonces carcelariamente invicto Mayo Zambada.
En febrero de 2025 fue detenido en Culiacán, Sinaloa, y acusado de delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El propio Omar García Harfuch zigzagueó en cuanto al rol específico del piloto en el citado vuelo, pero siempre se le reconoció como parte principal del equipo aeronáutico de los chapitos.
Pero no se ha dado a conocer si las autoridades mexicanas obtuvieron, o intentaron obtener, la información privilegiada que el piloto pudo aportar. Y en un giro que tiene enredadas a esas autoridades, decidieron incluirlo en un paquete de delincuentes expulsados del país a Estados Unidos, por razones de “seguridad nacional”.
¿Quién tomó la decisión de reenviar al piloto al mismo país al que se le pide de manera pública e insistente que informe de lo sucedido en México aquel 25 de julio? La presidencia de la República dio una respuesta, el secretario García Harfuch otra y ahora se ha planteado que el punto debe ser esclarecido por la Fiscalía General de la República, en la que ya no está Alejandro Gertz Manero. El perro Bermúdez puede ser reconocido, en estos menesteres, como todo un politólogo. ¡Hasta mañana!
