Después de 12 años de búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa, la CNDH traiciona a las víctimas y a sus familias.
Hay actos de perfidia que no caben en un Código Penal, pero sí en el juicio de la historia. Injurias que no consisten en defender narcopolíticos o en ofrecer secretos nacionales, sino en abandonar aquello que un movimiento juró defender. La recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa pertenece a esa categoría. Es un acto de alta traición. Traición a las víctimas, a sus familias, a doce años de investigaciones, a las promesas de la Cuarta Transformación y a la idea misma de que un gobierno de izquierda existe para proteger a quienes menos poder tienen y no para blindar a quienes más poder concentran.
Durante casi doce años, la búsqueda de los 43 normalistas ha sido una construcción colectiva. Padres ymadres que nunca dejaron de exigir. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión para la Verdad, periodistas, peritos nacionales e internacionales, fiscales especializados. Todos discutieron hipótesis, corrigieron errores y discreparon en aspectos importantes. Pero coincidieron en una conclusión fundamental: el Ejército sabíamuchomás de lo que reconoció oficialmente, siguió en tiempo real lo que ocurría aquella noche y ocultó información indispensable para esclarecer los hechos.
La CNDH decide ahora dinamitar ese consenso. No sólo sostiene que no existen elementos suficientes para responsabilizar a la Sedena; vamuchomás lejos. Sugiere que durante años se construyó deliberadamente una narrativa falsa para incriminar al Ejército. Convierte a quienes buscaron la verdad en fabricantes de una supuesta “antiverdad”. Acusa implícitamente a organismos internacionales, investigadores independientes, fiscales y representantes de las familias de habermontado una gigantesca operación de manipulación.
Una acusación de ese tamaño exigiría pruebas extraordinarias. Sin embargo, no las ofrece.La recomendación reinterpreta expedientes, cuestiona testimonios y desacredita investigaciones, pero no aporta evidencia nueva capaz de desmontar doce años de trabajo acumulado. Como escribió Ricardo Raphael, las más de ochocientas páginas buscan dos objetivos: desmontar cualquier evidencia que comprometa al Ejército y desacreditar a quienes lo documentaron.
En el camino desaparecen hechos difíciles de ignorar: el soldado infiltrado entre los normalistas que reportó en tiempo real; el seguimientomediante el C4; la presencia militar en Iguala mientras ocurrían los ataques; el episodio del Hospital Cristina, donde soldados no auxiliaron a jóvenes heridos; la operación limpieza de laMarina en el basurero de Cocula: los interrogatorios realizados por personal castrense y la información que distintosmandos conocieron antes, durante y después de la desaparición.Lo central deja de ser qué ocurrió con los estudiantes; se vuelve limpiar el expediente de las Fuerzas Armadas. Esa inversión de prioridades constituye una deslealtad y un acto de Judas político.La 4T llegó prometiendo romper con el pacto de impunidad, poner primero a las víctimas y terminar con las viejas complicidades del Estado. Ayotzinapa era el símbolo de esa promesa. López Obrador la convirtió en bandera moral de su campaña y Claudia Sheinbaum heredó ese compromiso. ¿Cómo explicar entonces que una institución del propio Estado termine debilitando la investigación que sostuvo ese compromiso? Resulta todavíamás preocupante en un momento en que las Fuerzas Armadas concentran un poder sin precedentes: administran aeropuertos, puertos, aduanas, empresas públicas, el Tren Maya y miles de millones de pesos sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Cuando el poder militar crece, la obligación de vigilarlo debería aumentar también. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Y la Presidenta paga un costo que quizá todavía no dimensiona. Mientras intenta construir en el exterior la imagen de un gobierno democrático, feminista y progresista, la CNDH envía el mensaje opuesto: cuando la verdad incomoda al poder, puede reescribirse. Cuando las víctimas estorban, pueden volver a esperar.
Esa es la contradicción más dolorosa. Después de doce años demarchas, expedientes, reuniones de todo tipo y promesas incumplidas, las familias vuelven a escuchar que la verdad puede cambiar porque el poder decidió cambiarla. Eso no es justicia. Eso no es una política de derechos humanos. Eso no es izquierda.
Es alta traición.
