Aprueban exhorto para auditar padrón de proveedores de Torreón tras caso ligado al huachicol

El diputado local Antonio Attolini Murra presentó un punto de acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad, para exhortar al Ayuntamiento de Torreón a realizar una revisión integral de su padrón de proveedores.

Esto, luego de que una empresa que suministró combustible al municipio fuera señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y simulación de operaciones fiscales.

Fue en tribuna del Congreso del Estado en sesión de este martes, donde el legislador morenista afirmó que el combate al huachicol fiscal, al contrabando de combustible y a los esquemas de gran corrupción debe ser una prioridad en Coahuila, en concordancia con las acciones que impulsa el Gobierno Federal.

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Mencionó que, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación nacionales y regionales sobre un caso de trasiego de combustible que también vincula al gobernador de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo Carlos Torres Torres, la FGR ha presentado 96 datos de prueba en una investigación que involucra a 11 empresas, entre ellas Logística Ferroviaria Fargo, Internacional de Fundentes S.A. de C.V., Servicios Integrales de Desarrollo GNC e Hidrocarburos y Derivados.

Resaltó que dentro de esa red aparecen también empresas de Torreón, entre ellas Gasolineras FASA S.A. de C.V., además de dos personas detenidas.

Añadió que la investigación contempla un monto cercano a 89 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal de 2025.

Según expuso, la FGR sostiene que Gasolineras FASA S.A. de C.V. recibió de manera ilegal combustible proveniente de Hidrocarburos y Derivados y que además habría participado en un esquema de facturación de operaciones simuladas, mediante la emisión de comprobantes fiscales para respaldar transacciones que presuntamente nunca ocurrieron.

Agregó que José Dapú y Sandra María Sanzar Cabas aparecen como titulares de dicha empresa, constituida en 2003, cuyo objeto social es la comercialización de gasolinas, diésel, aceites y lubricantes.

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Asimismo, señaló que de acuerdo con el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Torreón publicado por la Contraloría Municipal, Gasolineras FASA S.A. de C.V. fungió como proveedora de gasolina y diésel del municipio entre febrero de 2023 y febrero de 2024.

Precisó que ninguna de las empresas involucradas contaba con permisos vigentes de la autoridad reguladora en materia energética y que además existían observaciones de carácter fiscal que debieron ser atendidas para prevenir este tipo de operaciones.

Bajo este contexto, pidió al Ayuntamiento de Torreón sumarse al combate contra la corrupción mediante una revisión exhaustiva de sus proveedores, al considerar que los recursos públicos no deben destinarse a personas físicas o morales que enfrenten señalamientos o procesos penales.

Como ejemplo adicional, expuso un contrato de licitación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, correspondiente a este año, mediante el cual se adjudicaron 7.5 millones de pesos para la adquisición de uniformes a Jorge Alberto Torres Aguilar, quien, aseguró, no aparece en el padrón de proveedores del organismo.

Sostuvo que no se requiere una operación extraordinaria para prevenir irregularidades, sino verificar que el municipio no contrate ni pague a empresas inexistentes o que simulen operaciones.

Por tal motivo, propuso que la revisión del padrón municipal considere cinco aspectos principales, como lo es el retirar a las empresas que no cumplan los requisitos para ser proveedoras del municipio.

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Además, excluir a quienes simulen operaciones o engañen a la autoridad; dar de baja a quienes hayan incumplido contratos con el Ayuntamiento.

También, revisar empresas con conflictos de interés, señalamientos de corrupción o inhabilitaciones; así como detectar irregularidades fiscales, como empresas que facturen operaciones simuladas, tengan cancelado el sello digital, opinión negativa de cumplimiento, sean no localizadas, cuenten con RFC cancelado o tengan suspendidas sus actividades.

Por lo expuesto, planteó que el Congreso exhorte al Ayuntamiento de Torreón, a través de la Contraloría Municipal, a realizar una revisión integral del padrón de proveedores, verificar que ninguna persona física o moral esté señalada, imputada o vinculada a proceso penal, extender la revisión a la totalidad del padrón sin importar el giro comercial.

En caso de encontrar irregularidades, aplicar las medidas correspondientes, incluida la suspensión o baja de proveedores, además de informar los resultados al Congreso del Estado para conocimiento de la ciudadanía.