El registro obligatorio de líneas telefónicas de celulares genera desconfianza e incertidumbre porque el gobierno no brindó información suficiente sobre el tema, tampoco midió las consecuencias económicas ni trazó un plan para evitar otros delitos como robo de identidad, consideran expertos.
"A partir del 1 de julio no van a tener acceso a su banca digital porque sabemos que requiere autenticación y es necesaria la línea telefónica móvil. Tampoco van a poder acceder a servicios digitales como aplicaciones de comercio electrónico, aplicaciones de transporte, delivery. Muchos otros servicios digitales también están anclados a que recibas un mensaje de texto con contraseñas de doble seguridad para poder acceder a las cuentas", explica Radamés Camargo.
El gerente de análisis de The CIU señaló que, al 31 de mayo, 52.4 millones de líneas móviles han sido asociadas a alguna CURP, apenas una tercera parte del total en México y aunque 66% de los usuarios conocen la obligación de registro, sólo 45% ya vinculó su línea.
"Además, nace un mercado negro de líneas por aquellas personas que no quieren que su línea esté vinculada directamente a su identidad por las razones que sean: por protegerse o para evitar un tema de suplantación de identidad", describe.
Por otro lado, refiere que las compañías absorberán los costos a partir del 1 de julio para "desactivar" millones de líneas, las mismas que usuarios intentarán registrar una vez que ya no puedan hacer sus actividades cotidianas.
"No se está mencionando la parálisis, incluso económica, financiera que se puede generar a partir del 1 de julio por tener este capricho, obsesión de querer tener el registro para esta fecha y que no sea un plazo inamovible, que sean líneas que se registren de manera retroactiva y no de manera progresiva.