Buscan con iniciativa proteger el autoconsumo de combustibles
El diputado federal Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa que pretende dar certeza jurídica a miles de productores agropecuarios, ganaderos, agricultores, constructoras y empresas que utilizan combustible de manera legal para trabajar, no para venderlo.
La propuesta surge de una paradoja que el legislador calificó como inaceptable, ya que mientras el gobierno asegura combatir el robo de hidrocarburos, quienes terminan pagando las consecuencias son los sectores productivos que requieren transportar y almacenar diésel o gasolina para su propia maquinaria.
“No podemos seguir permitiendo que el productor del campo, el ganadero o el constructor sean tratados como delincuentes simplemente por llevar diésel a un tractor, una cosechadora o una excavadora”, advirtió.
El planteamiento central es la creación del Permiso Especial para Autoconsumo Productivo, una figura jurídica que distinguiría entre quienes comercializan combustibles y quienes únicamente los utilizan para desarrollar actividades productivas.
Actualmente, la Ley del Sector Hidrocarburos no hace esa diferencia, lo que ha provocado incertidumbre, criterios contradictorios y aseguramientos de maquinaria aun cuando el combustible fue adquirido legalmente.
El campo mexicano es el más afectado
El problema golpea con especial fuerza al campo mexicano, donde miles de productores trabajan en comunidades alejadas sin estaciones de servicio. Transportar combustible hasta un rancho, una parcela o un sistema de riego no es una actividad comercial, sino la única forma de sembrar, cosechar y alimentar al ganado.
Constructoras, mineras y empresas de infraestructura enfrentan la misma situación al abastecer maquinaria pesada en carreteras, obras hidráulicas y proyectos energéticos.
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El terreno de Novelo, ubicado junto a una playa en El Sauzal de Rodríguez, permanece bajo resguardo del EjércitoLa iniciativa propone un esquema moderno de control mediante identificación del usuario final, CFDI, bitácoras, trazabilidad y registro electrónico, con el objetivo de que las autoridades distingan con claridad a los productores honestos de quienes participan en actividades ilícitas. El permiso no autorizaría la venta de combustibles ni sustituiría las reglas aplicables a quienes sí participan en el mercado.
Torres Cofiño subrayó que la reforma fortalecería el combate al huachicol, al permitir que las autoridades concentren sus recursos en perseguir a los verdaderos delincuentes y no en obstaculizar a quienes producen la riqueza del país.
“Un gobierno que pone en el mismo costal al productor del campo y al huachicolero está enviando el mensaje equivocado. Mi iniciativa busca algo muy sencillo, que la ley deje de perseguir a quienes alimentan, construyen y generan empleo”, concluyó.
