Cambios en capacitación electoral ponen en riesgo certeza y objetividad, advierten organizaciones ciudadanas
La organización Poder Ciudadano llamó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a analizar de fondo las impugnaciones contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el acuerdo INE/CG489/2026.
El pronunciamiento surge ante el proyecto de sentencia relacionado con los expedientes SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026 acumulados, que propone desechar las demandas de dos organizaciones civiles por considerar que carecen de interés jurídico.
Para Poder Ciudadano, esa decisión cerraría la puerta a la participación ciudadana en la revisión jurisdiccional de reglas que inciden directamente en la integración de las mesas de casilla y en la capacitación de quienes recibirán y contarán los votos en las elecciones del 6 de junio de 2027.
“Estamos pidiendo que se permita analizar el fondo de las modificaciones y determinar si conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad que requiere una elección nacional. La participación ciudadana no debería limitarse al día de la votación; también debe poder vigilar las reglas con las que se organiza el proceso”, señaló Gabriela Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano.
Cambios señalados en la impugnación
La organización subrayó que su impugnación es distinta a la presentada por el Partido Acción Nacional, pues abarca un conjunto más amplio de modificaciones que, en su opinión, podrían reducir los márgenes preventivos en la integración de casillas.
Entre los cambios señalados destacan:
- Reducción de ocho días en los periodos de capacitación electoral.
- Sustitución del mínimo de revisitas y del referente de dos personas aptas por cada funcionario requerido, por un “número óptimo” calculado con datos históricos.
- Incorporación de nuevas secciones con estrategia diferenciada nivel 2 sin autorización previa del Consejo Distrital.
- Sustitución de la compulsa institucional por una declaración bajo protesta de decir verdad.
- Eliminación del inicio automático de procedimientos sancionadores en casos de afiliación partidista desconocida.
- Cambio en la ponderación para seleccionar supervisores y capacitadores: el examen pasó de 60 a 50 por ciento y la entrevista de 40 a 50 por ciento.
Antecedentes que expone la organización
Poder Ciudadano recordó que en procesos recientes la proporción de personas propietarias designadas que efectivamente integraron las mesas de casilla ha disminuido: de 92.26% en 2017-2018 a 88.28% en 2023-2024.
Además, en el último proceso se registraron 18 mil 245 sustituciones de personal de capacitación, lo que obligó a emitir más de mil convocatorias adicionales.
“Estos antecedentes hacen necesario que el Tribunal examine si los nuevos procedimientos fortalecen la organización electoral o reducen controles que fueron construidos para evitar decisiones discrecionales. Desechar la demanda impediría que esa discusión se produzca desde la perspectiva de la ciudadanía”, agregó Sterling.
Participación ciudadana y revisión electoral
La organización enfatizó que las asociaciones civiles tienen una función legítima en la observación y vigilancia de la integridad electoral. Reconocer esa participación, dijo, fortalece a las instituciones y permite que decisiones técnicas de gran trascendencia sean sometidas a un escrutinio público más amplio.
Poder Ciudadano reiteró su respeto a la autonomía del TEPJF y expresó confianza en que la Sala Superior valore la importancia de garantizar vías efectivas de participación ciudadana antes de que comience la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027.
