¿Campaña para Presidente? Señalan millonarios pagos vinculados a Samuel García
El despacho jurídico vinculado al gobernador de Samuel García habría destinado cerca de 82 millones de pesos a servicios de publicidad digital y manejo de pauta en redes sociales, en medio de las versiones sobre una posible aspiración presidencial rumbo a 2030.
Los pagos fueron realizados por la firma Firma Jurídica y Fiscal Abogados, creada en 2014 por Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Los recursos habrían sido entregados a la empresa Nauka Comunicación Estratégica, especializada en campañas digitales.
Los registros indican que entre octubre de 2024 y febrero de 2026 se realizaron al menos 13 pagos, cuyos montos oscilaron entre uno y casi 12 millones de pesos. Las facturas describen conceptos relacionados con “servicios de manejo de pauta digital”, principalmente dirigidos a plataformas de Google, incluido YouTube.
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Dirigentes morenistas en Nuevo León acusaron vínculos empresariales relacionados con contratos públicos del sector salud estatalEsta cantidad se suma a otros 19 millones de pesos presuntamente utilizados por Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, para promoción en plataformas de Meta, propietaria de Facebook e Instagram.
La publicidad difundida por Nauka estaría enfocada en contenido relacionado con el gobernador, Mariana Rodríguez y otros perfiles de Movimiento Ciudadano, aunque las publicaciones no hacen referencia directa al despacho jurídico que financió los pagos.
Además, se señala que Nauka también mantiene contratos de publicidad digital con el Gobierno de Nuevo León, administración a la que habría facturado alrededor de 123 millones de pesos desde 2024.
El reportaje también retoma investigaciones previas sobre presuntas triangulaciones de recursos entre proveedores del Gobierno estatal y el despacho del mandatario. Entre los casos mencionados aparece Suministro MYR, empresa que habría recibido contratos por al menos 964 millones de pesos y posteriormente canalizado recursos a la firma jurídica mediante compañías relacionadas.
Otro caso involucra a Proyectos de Infraestructura de la Laguna (Pilsa), contratista de obras carreteras que, según la investigación, habría transferido recursos al despacho mediante empresas hermanas.
En respuesta a señalamientos anteriores, Samuel García aseguró que las operaciones correspondían a pagos por servicios legales prestados desde años previos a su llegada al Gobierno de Nuevo León.
La investigación también expone que el fiscal estatal Javier Flores determinó en julio de 2025 el inejercicio de la acción penal respecto a los casos relacionados con estas presuntas triangulaciones financieras.
La información fue publicada por Agencia Reforma, que tuvo acceso a documentación relacionada con pagos, facturación y contratos vinculados con el despacho y las empresas señaladas.
