FGE Coahuila captura a la presidenta de la Fundación Frichem por presunto maltrato animal
La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Lizbeth “N”, directora de la Fundación Frichem, por su probable participación en hechos relacionados con violencia contra seres sintientes.
El mandamiento judicial fue emitido por un juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova, derivado de una investigación de la Agencia de Investigación Criminal Región Centro-Desierto.

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La Fiscalía informó que la indagatoria corresponde a hechos que podrían constituir un delito relacionado con el derecho de los seres sintientes a una vida libre de violencia, conducta contemplada dentro de la legislación vigente en Coahuila.
La autoridad estatal no dio a conocer mayores detalles sobre los hechos que se atribuyen a Lizbeth “N”, ni precisó cuándo ocurrieron. Tampoco informó la identidad o condición de los animales que serían considerados como posibles víctimas dentro de la investigación.
La detención ocurre después del operativo realizado en un inmueble de Castaños, donde fueron rescatados decenas de perros que se encontraban en condiciones de abandono y presunto maltrato. El caso generó una investigación ministerial y la intervención de autoridades estatales.
La Fiscalía señaló que las diligencias continuarán bajo la conducción del Ministerio Público y conforme a las disposiciones legales. La Agencia de Investigación Criminal realizará las actuaciones necesarias derivadas del mandamiento emitido por la autoridad judicial.

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La dependencia estatal sostuvo que continuará con las investigaciones relacionadas con hechos que puedan afectar la integridad y el trato digno de los seres sintientes, además de aplicar las disposiciones establecidas en la legislación de Coahuila.
La Fiscalía recordó que la persona señalada mantiene sus derechos procesales y la presunción de inocencia, por lo que su probable responsabilidad deberá determinarse durante el procedimiento penal correspondiente.
El Ministerio Público continuará con la integración de la investigación y presentará ante la autoridad judicial los elementos que correspondan. Será un órgano jurisdiccional el que determine, mediante el procedimiento establecido por la ley, si existe responsabilidad penal.

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