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Huachicol fiscal

Caso Ernesto Ruffo: audiencia continúa a puerta cerrada por petición de la FGR

La audiencia de Ernesto Ruffo por el caso de huachicol fiscal se reanudó a puerta cerrada. La FGR aseguró que cuenta con pruebas sólidas y negó motivaciones políticas en la investigación.

La audiencia para definir la situación jurídica de Ernesto Ruffo y otros siete implicados en el caso de huachicol fiscal continuó a puerta cerrada por solicitud de la FGR. (ARCHIVO)

La audiencia para definir la situación jurídica de Ernesto Ruffo y otros siete implicados en el caso de huachicol fiscal continuó a puerta cerrada por solicitud de la FGR. (ARCHIVO)

EL SIGLO

La audiencia de Ernesto Ruffo por huachicol fiscal se reanudó este martes a puerta cerrada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara restringir el acceso al proceso en el que se determinará si el exgobernador de Baja California y otros siete imputados serán vinculados a proceso.

La diligencia es encabezada por la jueza de Control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, y al cierre de la jornada continuaba en desarrollo mediante videoconferencia.

Ruffo participa desde el penal de El Altiplano

Ernesto Ruffo Appel compareció desde el penal federal de El Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva desde el pasado domingo.

Junto con él participaron Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, también recluidos en ese centro penitenciario.

Por su parte, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales siguieron la audiencia desde prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén lo hizo desde el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Defensa responde a más de 100 pruebas presentadas por la FGR

Durante la audiencia, la defensa del exmandatario, encabezada por el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, respondió a los más de 100 datos de prueba presentados por la Fiscalía.

El Ministerio Público acusa a los ocho imputados de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, dentro de lo que considera el mayor caso de huachicol fiscal detectado en el país.

FGR rechaza motivaciones políticas

La Fiscalía aseguró que la detención de Ernesto Ruffo no responde a intereses políticos y afirmó que el proceso se desarrolla con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, sostuvo que la investigación está respaldada por dictámenes periciales, análisis financieros, fiscales, aduaneros y ferroviarios, además de trabajos de inteligencia que, según la institución, acreditan la probable participación de los imputados.

Señalan operaciones millonarias y triangulación de recursos

De acuerdo con la FGR, la presunta red de contrabando obtenía ganancias mediante el ingreso ilegal de hidrocarburos, evasión fiscal y esquemas financieros para ocultar recursos de origen ilícito.

Las investigaciones señalan que la empresa Ingemar dependía financieramente de recursos provenientes de Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., los cuales posteriormente eran enviados a compañías extranjeras como Belar Fuels Company y Unico Commodities, mediante transferencias internacionales que, según la autoridad, presentan indicios de triangulación de recursos.

Además, la Fiscalía indicó que Ingemar registró movimientos superiores a 3 mil millones de pesos entre junio de 2024 y julio de 2025 en una cuenta bancaria abierta en Grupo Financiero Intercam, una actividad que calificó como incongruente con el perfil fiscal de la empresa.

Defensa tramita un nuevo amparo

Paralelamente, la defensa de Ernesto Ruffo promovió un nuevo juicio de amparo en el que impugna 17 actos relacionados con su detención, traslado, comunicación con sus abogados y acceso a atención médica.

Entre los actos reclamados también se encuentra la emisión, autorización y ejecución de la orden de aprehensión cumplimentada el pasado jueves por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles.

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