Caso Tania 'F': Tribunal de Coahuila aclara dónde está detenida exalcaldesa de Múzquiz
El Tribunal Superior de Justicia de Coahuila sostiene que los jueces locales han actuado conforme a derecho en el proceso de Tania “F”, exalcaldesa de Múzquiz, imputada por delitos relacionados con presunto daño al erario público, afirmó Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del organismo.
El funcionario señaló que las acusaciones difundidas mediante redes sociales o posicionamientos personales no modifican las decisiones judiciales porque los juzgadores deben resolver con base en las evidencias presentadas dentro de los procesos.
Mery Ayup afirmó que la documentación incorporada al caso demuestra que la autoridad judicial de Coahuila ha atendido las determinaciones emitidas por la justicia federal dentro del Octavo Circuito, con sede en la entidad.
Indicó que esas resoluciones establecen que la competencia para conocer el proceso corresponde a Coahuila y no a un juez del estado de Hidalgo, como se ha señalado en algunos documentos y declaraciones públicas.
Justicia de Coahuila sostiene competencia sobre el caso
El presidente del Tribunal Superior de Justicia cuestionó la afirmación de que la persona imputada se encontraba detenida en Hidalgo, al asegurar que esa versión no corresponde con los hechos registrados en el expediente.
Explicó que la persona señalada permanece en un penal de Saltillo, donde ha estado durante el desarrollo del proceso, por lo que consideró incorrecta cualquier referencia que ubique su detención en territorio hidalguense.
Mery Ayup sostuvo que esta circunstancia resulta relevante para determinar qué autoridad judicial tiene competencia sobre el asunto, particularmente porque los delitos atribuidos están relacionados con un presunto daño al erario público de Coahuila.
“Esta es una evidencia falsa”, expresó el magistrado presidente, al referirse a la versión sobre una supuesta detención en Hidalgo, y diferenció ese señalamiento de las pruebas incorporadas formalmente al juicio.
Añadió que la intervención de la justicia federal mediante un amparo debe analizarse a partir de las circunstancias jurídicas del caso, entre ellas el lugar donde presuntamente se cometió el ilícito.
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El magistrado presidente sostuvo que el asunto corresponde a autoridades de Coahuila porque los hechos investigados están vinculados con recursos públicos estatales y no con bienes o recursos de carácter federal.
En ese sentido, señaló que si se tratara de un delito que afectara recursos federales, correspondería intervenir a otras autoridades, pero el proceso actual se relaciona con un presunto daño al patrimonio público local.
Mery Ayup también hizo referencia a la situación del juez que anteriormente desempeñaba funciones en Hidalgo y que, de acuerdo con su declaración, fue suspendido el pasado viernes por las actuaciones relacionadas con este asunto.
Posteriormente, indicó, inició funciones una nueva jueza de carrera en Hidalgo, quien habría comunicado a las autoridades judiciales de Coahuila que la competencia para conocer el caso corresponde a la autoridad judicial de la entidad.
Resoluciones federales respaldan competencia local
El presidente del Tribunal Superior de Justicia insistió en que las decisiones de los juzgadores no deben determinarse por acusaciones realizadas fuera de los procesos judiciales, sino por las evidencias y resoluciones incorporadas formalmente.
Afirmó que en este caso existe una resolución de la justicia federal que respalda la competencia de las autoridades judiciales de Coahuila, por lo que los jueces locales han mantenido sus actuaciones dentro del marco establecido.
Mery Ayup sostuvo que el Poder Judicial estatal continuará atendiendo las determinaciones de las autoridades federales competentes y las pruebas presentadas durante el procedimiento, independientemente de los señalamientos que se difundan públicamente.
El magistrado presidente reiteró que la persona imputada permanece recluida en Saltillo y que el proceso se relaciona con delitos que presuntamente ocasionaron afectaciones al erario público estatal.
Por ello, consideró que la discusión sobre la competencia judicial debe resolverse con base en los documentos oficiales y las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, y no mediante versiones difundidas en redes sociales.
