Censura en México: el derecho de audiencias
Una nueva sombra se cierne sobre México: el llamado “derecho de audiencias”.
Pese a los señalamientos de expertos en el tema, Claudia Sheinbaum rechazó que la estipulación de derechos de las audiencias tenga como objetivo censurar a los medios de comunicación: “Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias”, algo que no le compete a ningún gobierno y que nadie —ni siquiera Trump— ha pedido.
Señaló que los lineamientos todavía no son definitivos, pues se encuentran en consulta pública hasta el 21 de agosto con concesionarios, organizaciones y ciudadanos. Sin embargo, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que el proyecto contiene disposiciones tan ambiguas que permitirían al gobierno definir a capricho qué información es “falsa” o “descontextualizada”, sin olvidar que significaría otra violación a la Constitución, que garantiza la libertad de difusión de opiniones, información e ideas por cualquier medio, prohibiendo la censura previa y el bloqueo indirecto de herramientas informativas.
Sheinbaum sostuvo que las personas defensoras no funcionarán como filtros editoriales, sino como instancias para que las audiencias presenten inconformidades sobre la información difundida. No obstante, reconoció que el régimen de sanciones constituye el aspecto más polémico de los lineamientos, razón por lo que fue sometido a consulta.
De hecho, contrario a lo que afirmaba la presidenta sobre que esta iniciativa la había hecho junto con los miembros de la CIRT, la misma cámara la desmintió y expuso que la amenaza de multas del uno por ciento de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y/o programador es excesiva y al margen de la ley.
De las 180 naciones del Ranking Mundial de la Libertad de Prensa, México se ubica en la posición 122, y la “regulación” de noticias y opiniones con el pretexto de garantizar los “derechos de las audiencias” colocará al país junto a autocracias como Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Sudán, Malasia y Tailandia, advirtió Leopoldo Maldonado, experto en telecomunicaciones y director regional de Artículo 19.
El activista, quien el 8 de julio fue designado Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la ONU, consideró que detrás de la supuesta intención de defender los derechos de las audiencias se esconde una voluntad de censura: “Bajo pretextos de combate al terrorismo, combate a la desinformación, protección incluso de las infancias, los planteamientos que buscan objetivos legítimos se terminan instrumentalizando para censurar”.
“Es decir, nuestros referentes con legislaciones o marcos regulatorios similares no son democráticos y han sido más bien utilizados bajo un objetivo que puede resultar legítimo, pero con intenciones censoras”, apuntó.
Añadió que el anteproyecto mostrado por Sheinbaum es la acción más reciente de presión a la libertad de prensa y hostilización contra medios de comunicación y periodistas iniciada por López Obrador: “Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han venido haciendo esfuerzos de supuesto fact checking que han terminado muy mal. Recordemos el ‘Quién es quién en las mentiras’, ‘Infodemia’ y ahora esta sección de ‘Derecho de réplica’”.
Afirma Maldonado que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han pretendido convertirse en tribunal de la verdad y juzgar qué es, desde su perspectiva, información veraz y objetiva, vulnerando así el derecho de las audiencias a contar con información plural, cierta y objetiva: “Y ahí surge la duda: ¿Quién va a definir cuando la información es falsa, cuando la información está no verificada? Pues va a ser el propio gobierno federal”.
El problema radica en que cuando el gobierno miente no hay consecuencias, por lo que si algún órgano o entidad queda en automático descalificado para decidir qué es la verdad y qué no, es el gobierno mismo.
