Centralización de valores catastrales impactará desde grandes inversiones hasta viviendas Infonavit

La reciente reforma a la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral en México ha encendido las alarmas entre los organismos empresariales de la región debido a las implicaciones que tendrá sobre el cobro del impuesto predial y la soberanía local.

El sector privado advierte que esta legislación centraliza las decisiones fiscales y pone en riesgo la estabilidad del patrimonio inmobiliario al unificar los criterios de valoración desde la Federación, ignorando las particularidades de cada municipio.

Hilda Dueñez Rodríguez, presidenta de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón, calificó la medida como un retroceso grave para las finanzas locales, señalando que el principal impacto negativo radica en la pérdida de autonomía para los municipios y los estados de la República.

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La dirigente empresarial explicó que anteriormente los consejos locales participaban de manera directa en el cálculo de los porcentajes del predial según el uso de suelo, analizando detenidamente cada sector de la ciudad para determinar tasas diferenciadas que rondaban entre el 4 y el 4.5 por ciento. Dueñez cuestionó cómo un censo o catastro diseñado a nivel nacional podrá catalogar los sectores de una ciudad de manera justa y equitativa si los funcionarios federales no conocen el entorno real de las colonias.

Para la presidenta de la Cámara de la Propiedad Urbana, el fondo real de esta reforma es fiscal y de control político, sugiriendo que la Federación busca centralizar el dominio de la información de los estados y las propiedades. Asimismo, expresó su preocupación por el crecimiento de esquemas irregulares en el país, haciendo eco de lo que ocurre en entidades como el Estado de México, donde se reporta el despojo de propiedades que se encuentran solas o abandonadas. Al respecto, destacó que la Comarca Lagunera se mantiene blindada ante estas problemáticas porque existe una comunidad donde los actores se conocen entre sí, pero alertó que un cambio brusco centralizado impedirá que los municipios o los consejos ciudadanos puedan intervenir ante abusos, bajo el pretexto de que los lineamientos provienen directamente de la Federación.

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Ante este panorama adverso, propuso que la ruta para defenderse debe ser la unión de consejos y organismos empresariales mediante protestas, la recaudación de firmas y la difusión de posicionamientos públicos en contra de la ley. Subrayó la importancia de buscar el amparo legal y exigir a los diputados que se manifiesten en contra de esta normativa, enfatizando que las afectaciones fiscales perjudicarán a toda la población por igual, afectando tanto a los grandes inversionistas como a los propietarios de viviendas de interés social del Infonavit.

Los alcances técnicos de la nueva ley han generado confusión e incertidumbre generalizada entre la ciudadanía ante las dudas sobre las repercusiones económicas para los dueños de inmuebles. Aunque la legislación de este año 2026 no establece de manera explícita un incremento automático del impuesto predial ni contempla tablas o tabuladores fijos para determinar nuevos cobros, especialistas coinciden en que su aplicación obligará a realizar ajustes en los valores catastrales.

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La reforma busca justificar su implementación bajo el argumento de unificar y actualizar de manera integral la información de todos los bienes inmuebles en el país, abarcando desde pequeñas propiedades de carácter privado y viviendas habitacionales hasta terrenos de origen ejidal. Esto pretende lograrse a través de una coordinación estricta entre los catastros municipales y los registros públicos de la propiedad estatales. El objetivo oficial plasmado en la ley es facilitar la identificación detallada de las características físicas y el valor de cada inmueble, buscando corregir las inconsistencias o los rezagos en las evaluaciones que se han acumulado con el paso del tiempo.