El fallido decomiso de huachicol en San José de Iturbide ya cobró su primera "víctima".
Ayer fue anunciada la destitución de su cargo de delegado de la FGR en Guanajuato de Juan Francisco Vera.
El jueves 17 de septiembre, un día antes de la visita de Claudia Sheinbaum a Guanajuato, fue anunciado tanto por la policía estatal de Guanajuato como por la propia FGR el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilegal en una planta de almacenamiento de la empresa SIMSA.
Sin embargo, aún no se acredita la ilegalidad del combustible además de que la empresa SIMSA alegó que no era de su propiedad sino de otras firmas y existían los permisos correspondientes.
Aunque el aseguramiento se reportó el 17 de septiembre, en realidad hubo una simple visita a la planta el 4 de septiembre, y el 10 de septiembre retomó actividades normales.
El sábado pasado, en un viraje en sus indagatorias, la FGR informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atraía el caso en una admisión de que el operativo corrió bajo la responsabilidad de Vera en su calidad de delegado estatal.
Uno de los puntos que se revisan es cómo se tomó la decisión de ejecutar el operativo en la terminal de almacenamiento y qué nivel de autorización existió dentro de la estructura de la Fiscalía, pues Vera Ayala habría procedido con el aval de su superior jerárquico inmediato, pero sin una coordinación más amplia con las áreas centrales de la institución.
La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió públicamente que la Fiscalía aclare qué ocurrió. El 21 de septiembre señaló que corresponde a la FGR explicar si existió una actividad ilegal y recordó que la información que dio origen al procedimiento provino de su representación en Guanajuato.
Juan Francisco Vera llegó como delegado de la FGR a Guanajuato en enero pasado, para ocupar el cargo que se encontraba vacante tras la salida de Gerardo Vázquez Alatriste, actual Fiscal estatal con la Gobernadora panista Libia García.
Anteriormente, esta casa editora informó que Simsa reveló que la terminal de almacenamiento de combustibles de Guanajuato contaba con los permisos correspondientes y que la empresa no era dueña de los productos almacenados.
Gas Natural del Noroeste explicó que, conforme a su permiso de almacenamiento, presta un servicio de utilidad pública que consiste en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de las empresas usuarias.
De acuerdo con la compañía, estas empresas son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía y deben acreditar ante Gas Natural del Noroeste la propiedad, procedencia legítima y calidad de los productos que ingresan a la terminal.