Cierra sin aviso oficina de tarjetas prepagadas del transporte público en Torreón
La empresa Servicios Tecnológicos de Prepago, S.A. de C.V., encargada de expedir las tarjetas prepagadas para las rutas urbanas de autobuses, cerró las oficinas de la avenida Matamoros y calle Falcón sin avisar ni informar a los usuarios sobre una nueva ubicación.
Personas que utilizan este servicio acudieron infructuosamente los últimos días, pues solamente se encontraron con la puerta cerrada y el candado puesto en el viejo edificio que la empresa había ocupado por años en la zona Centro; además, denunciaron las deficiencias que han recibido en la atención durante los últimos meses.
María del Carmen Hernández acudió ayer por la tarde y también el jueves porque necesitaba hacer una recarga, pero no encontró ningún aviso del cierre ni mucho menos de información sobre una nueva sede.
Señaló que el servicio ha dejado mucho qué desear, pues cuando le tocó renovar la tarjeta en agosto pasado también encontró cerrado; “regresé al día siguiente y me dijo la encargada que sólo estaba ella, pero que le avisaron que su mamá se había puesto mal y se tuvo que ir”, recordó.
La sucursal que está en la avenida Presidente Carranza, casi esquina con Cuauhtémoc sí dio atención el día de ayer, y según el encargado, la oficina matriz de la Matamoros se cambió de local, pero no supo decir a dónde.
También se trató de obtener la versión de la empresa, pero el vocero José Ángel Cuéllar González no respondió a las preguntas de este medio de comunicación.
Se resisten a proporcionar información
La empresa Servicios Tecnológicos de Prepago, S.A. de C.V. se creó mediante la integración de un fideicomiso en el que están representados los concesionarios del transporte público de la modalidad de autobuses de rutas urbanas, además de autoridades municipales.
Desde la pasada administración municipal, la Contraloría que entonces estaba a cargo de Miguel Ángel Zúñiga, anunció una auditoría externa por los múltiples señalamientos de concesionarios sobre incumplimientos de la compañía en la devolución de los recursos que les correspondían por operar el sistema de tarjetas prepagadas.
Según lo que en su momento denunciaron los concesionarios y socios ante este medio de comunicación, la empresa dejó de pagarles desde febrero de 2023, y hasta finales de 2024 calculaban que cada uno de ellos había dejado de recibir entre 50 y 70 mil pesos.
El contralor actual, Óscar Gerardo Luján Fernández informó que la revisión se mantiene, pero por tratarse de una empresa que no es organismo público, no ha proporcionado la información requerida sobre el manejo de los recursos, pese a que atiende la prestación de un servicio público.
“Esta empresa administra los recursos de los concesionarios y argumenta la privacidad de la información de terceros”, según indicó.
Otro tema para considerar es la integración del fideicomiso, que cuando se creó, en octubre de 2007, se fijó un plazo forzoso de seis años, de manera que éste podría quedar extinto en cualquier momento.
Se considera que actualmente es baja la demanda de usuarios por las tarjetas prepagadas, un mecanismo al que recurren en mayor medida los estudiantes; cada plástico tiene un costo de 30 pesos y se puede recargar en la oficina de prepago o en tiendas de conveniencia.
