Citlalli Hernández señalara al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el origen de una estructura de corrupción- Archivo
La polémica por las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) sumó un nuevo capítulo después de que Citlalli Hernández señalara al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el origen de una estructura de corrupción que, según afirmó, lleva 27 años operando alrededor de las instituciones públicas.
A través de sus redes sociales, la dirigente de Morena cuestionó el uso de organismos electorales para realizar negocios y sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a las administraciones recientes. En su publicación también utilizó la etiqueta #LorenzoSíSabía, con la que apuntó directamente al expresidente del INE, Lorenzo Córdova.
El señalamiento ocurre después de que el Gobierno de México presentara información sobre una presunta red empresarial relacionada con la proveeduría de materiales electorales. Las indagatorias, encabezadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, apuntan a contratos que se habrían extendido durante distintas administraciones.
Qué hay detrás de la acusación de Citlalli Hernández contra el PRI
En su mensaje, Hernández sostuvo que las prácticas cuestionadas no comenzaron recientemente y relacionó sus antecedentes con el periodo en que el PRI gobernaba México. También acusó a antiguos funcionarios de utilizar las instituciones públicas para obtener beneficios económicos mientras defendían públicamente su autonomía.
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Verónica Díaz Robles fue designada coordinadora de Morena en Zacatecas; conoce su trayectoria política, cargos públicos y relación con la familia MonrealLa referencia a los 27 años está relacionada con una investigación presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, sobre un grupo empresarial vinculado con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con la información expuesta por la funcionaria, los antecedentes de estas relaciones se remontan a la década de 1980, cuando los hermanos trabajaron en dependencias federales durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Uno de ellos se desempeñó en el Registro Nacional de Población y mantuvo una relación laboral con Juan Carlos Padilla Aguilar, funcionario vinculado al priismo mexiquense.
Posteriormente, algunas de las empresas relacionadas con este grupo comenzaron a participar como proveedoras de material electoral. Una de ellas, Cartonera Plástica, obtuvo contratos en el Estado de México desde 1999.
La investigación oficial señala que el entramado empresarial habría conseguido contratos por aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025. De ese monto, 2 mil 94 millones correspondieron al periodo de 2015 a 2023 y otros 646.3 millones a los años 2024 y 2025.
Según Buenrostro, las compañías habrían utilizado vínculos entre socios y representantes para simular competencia en licitaciones, además de operar con posibles empresas fachada. Estas conclusiones forman parte de las investigaciones y todavía deben ser examinadas por las autoridades competentes.
Por qué Morena exige investigar a Lorenzo Córdova y a otros exfuncionarios
Uno de los principales puntos de la controversia es el periodo en que Lorenzo Córdova presidió el Consejo General del INE, entre 2014 y 2023. Morena sostiene que durante esos años se concentraron contratos millonarios en empresas relacionadas con el grupo investigado y considera necesario esclarecer qué funcionarios participaron en las decisiones de contratación y supervisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó la actuación de las autoridades electorales de ese periodo y pidió que las revisiones no se concentren exclusivamente en la administración de Guadalupe Taddei. La mandataria solicitó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) examine los antecedentes y determine si existieron omisiones o responsabilidades.
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Vicente Fox aclaró sus dichos sobre la elección de 2006 y aseguró que ayudó al triunfo de Felipe Calderón mediante un gobierno con resultadosPor su parte, Córdova rechazó los señalamientos y aseguró que su gestión estuvo sometida a auditorías durante los nueve años que permaneció al frente del organismo. En declaraciones públicas, manifestó que no tiene inconveniente en que se revisen nuevamente los contratos y sostuvo que las fiscalizaciones anteriores no encontraron irregularidades relevantes.
La controversia también involucra a las actuales y anteriores autoridades electorales, ya que las investigaciones buscan reconstruir cómo se asignaron los contratos y qué empresas resultaron beneficiadas.
Mientras avanzan las revisiones de la ASF y las indagatorias correspondientes, Citlalli Hernández insiste en que se investigue a todos los involucrados, sin distinción de partidos ni administraciones. La acusación contra el PRI y la etiqueta dirigida a Córdova forman parte de la confrontación política alrededor del caso, pero las responsabilidades individuales deberán establecerse a partir de pruebas y resoluciones oficiales.
