Coahuila sentó bases del registro de deudores alimentarios para frenar el acceso a cargos públicos: Mery Ayup
La implementación del registro de deudores alimentarios en Coahuila surgió como una medida pionera promovida desde el Poder Judicial del estado, con el objetivo de fortalecer la transparencia y evitar que personas que incumplen con sus responsabilidades familiares o que cuentan con antecedentes de violencia accedan a cargos públicos, informaron autoridades estatales.
Así lo señaló el Presidente Magistrado del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, quien señaló que esta acción representó un paso clave en la protección de los derechos de niñas, niños y mujeres, al establecer mecanismos que sancionan el incumplimiento del pago de pensiones alimentarias, así como conductas de violencia física o psicológica.
Explicó que esta iniciativa, que más tarde fue adoptada a nivel nacional, contempla consecuencias legales para quienes se encuentren en estos supuestos, como la imposibilidad de tramitar documentos oficiales, entre ellos el pasaporte, o la restricción para participar como candidatos en procesos electorales.
Mery Ayup subrayó que estas disposiciones buscan garantizar que quienes aspiren a ejercer funciones públicas mantengan una conducta personal acorde con la responsabilidad que implica el servicio público.
“No puede separarse la vida personal del ejercicio de un cargo público; la congruencia es indispensable”, enfatizó.
Asimismo, recordó que estas medidas cuentan ya con respaldo constitucional, tras una reforma federal que incorporó nuevos criterios para impedir el registro de candidaturas, aplicables en todo el territorio nacional, entre los que se incluyen el incumplimiento de obligaciones alimentarias y antecedentes de violencia.
En el ámbito local, destacó que Coahuila fue uno de los primeros estados en adherirse al acuerdo conocido como “8 de 8”, firmado en coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de cerrar el paso a personas con antecedentes legales negativos en la función pública.
Sin embargo, el Magistrado advirtió que la eficacia de estos mecanismos aún depende, en muchos casos, de la voluntad institucional y de la verificación exhaustiva de los aspirantes, por lo que consideró indispensable que las autoridades electorales revisen de manera obligatoria los registros judiciales.
Finalmente, hizo un llamado a los institutos electorales del país para que consulten de forma sistemática los registros del Poder Judicial, tanto a nivel estatal como federal, a fin de garantizar procesos electorales transparentes y evitar que personas con antecedentes de incumplimiento o violencia lleguen a ocupar cargos públicos.
