Coahuila: testigo privilegiado de la Revolución Mexicana

La historia de Coahuila entre 1910 y 1940 puede comprenderse como el tránsito de la reivindicación democrática encabezada por Francisco I. Madero hacia la construcción de nuevos principios de legitimidad política sustentados en la legalidad, el constitucionalismo y, posteriormente, en la institucionalización del Estado posrevolucionario. Más que recorrer cronológicamente los acontecimientos, este ensayo se enfoca en cómo se reconstruye la legitimidad del poder después de una crisis política y qué permite comprender la experiencia coahuilense acerca de ese proceso.

Las revoluciones no solo transforman gobiernos; modifican los principios mediante los cuales el poder busca justificarse. Por ello, las interpretaciones de Suzanne B. Pasztor, Javier Garciadiego, Alan Knight, Friedrich Katz y John Mason Hart se ponen aquí en diálogo desde escalas regionales, políticas, sociales y económicas. La importancia del estado de Coahuila de Zaragoza no radica únicamente en haber sido el lugar de origen de Madero y Venustiano Carranza, sino en permitir observar con particular claridad la incorporación de la democracia, la legalidad y el constitucionalismo en un nuevo orden institucional. Coahuila puede leerse así como un laboratorio político para la construcción de la legitimidad del Estado revolucionario mexicano.

EL FUNDAMENTO DEMOCRÁTICO

Antes de convertirse en un movimiento armado de alcance nacional, la Revolución mexicana surgió como una crítica a la legitimidad política del régimen porfirista. Francisco I. Madero colocó en el centro del debate la restitución del principio democrático como fundamento del poder público. El movimiento maderista no nació inicialmente como una revolución social, sino como la impugnación de un orden cuya prolongada permanencia había debilitado los mecanismos de representación y participación ciudadana. El lema “sufragio efectivo, no reelección” sintetizó esta transformación: más que exigir elecciones libres, cuestionaba las bases sobre las cuales se justificaba la continuidad del régimen.

Es aquí donde Coahuila adquiere relevancia. En The Spirit of Hidalgo: The Mexican Revolution in Coahuila (2002), Pasztor observa cómo la dinámica política de la entidad trascendió el ámbito regional e incidió en el desarrollo nacional de la Revolución. Esta lectura adquiere mayor profundidad al dialogar con Knight, quien sitúa la crisis porfirista dentro de tensiones sociales y económicas más amplias, evitando reducir el origen del movimiento al problema electoral. Hart añade el peso de los intereses económicos extranjeros y el desarrollo de un nacionalismo que cuestionaba las relaciones entre poder político, soberanía e intereses nacionales. El maderismo aparece, así, como una respuesta específicamente democrática dentro de una crisis de legitimidad mucho más extensa.

La aportación de Pasztor resulta especialmente útil porque impide tratar a Coahuila como un simple telón de fondo de acontecimientos nacionales. La región aparece como un espacio político con dinámicas propias, capaz de producir respuestas que después adquirieron una escala mayor.

El golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta contra Madero —ya presidente en ese entonces— en febrero de 1913 puso a prueba el fundamento sufragista. El derrocamiento y asesinato de Madero quebraron el orden surgido de la revolución maderista. Desde entonces, la defensa de la democracia fue insuficiente: el problema dejó de ser solamente quién tenía derecho a gobernar y pasó a ser también mediante qué principio podía restaurarse un orden constitucional violentado. La Revolución comenzaba a cambiar de lenguaje, de la reivindicación democrática hacia la defensa de la legalidad constitucional.

LA RUPTURA DE 1913: RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN

La importancia de 1917 reside en la capacidad de convertir parte del lenguaje de la Revolución en lenguaje constitucional. La victoria militar de Venustiano Carranza sobre Huerta podía destruir un gobierno o imponer una nueva correlación de fuerzas, pero no bastaba por sí misma para construir una autoridad duradera. Era necesario transformar el impulso revolucionario en un principio de gobierno y someter el ejercicio del poder a un nuevo orden jurídico. En ese tránsito, la legalidad dejó de ser solamente aquello que debía restaurarse después de la ruptura de 1913 para convertirse en uno de los principales instrumentos mediante los cuales el nuevo Estado buscaría construir su legitimidad.

Así, el recorrido entre el Plan de Guadalupe en 1913 y la Constitución de 1917 no debe interpretarse simplemente como una sucesión de acontecimientos políticos. Constituye una transformación en las formas de justificar el poder. En 1910, el maderismo había colocado la democracia y el sufragio en el centro de la legitimidad política; en 1913, el golpe de Estado trasladó el problema hacia la defensa de la legalidad constitucional, y en 1917, la experiencia revolucionaria obligó a preguntarse qué contenido debía adquirir esa legalidad para sostener un nuevo orden. La Constitución respondió a esa pregunta proporcionando un nuevo marco institucional.

Coahuila ocupa un lugar singular dentro de este recorrido. No porque pueda atribuirse a la entidad la totalidad del proyecto constitucional de 1917, ni porque las demandas incorporadas en Querétaro hayan surgido exclusivamente de su experiencia regional, sino porque desde Coahuila se articuló, en 1913, el Plan de Guadalupe, una respuesta que convirtió la defensa de la legalidad en fundamento de una lucha de alcance nacional al rechazar la dictadura de Huerta y proponerse restablecer el régimen constitucional. Aquel principio, sin embargo, tuvo que transformarse al entrar en contacto con la pluralidad de fuerzas de la Revolución.

Esto permite comprender mejor la aparente contradicción entre restauración y revolución. El constitucionalismo había comenzado defendiendo la continuidad jurídica frente a la usurpación huertista, pero luego encabezó un proceso constituyente que modificó de manera importante el contenido de esa misma tradición jurídica. En lugar de concebir la Constitución únicamente como límite al poder, el nuevo orden incorporó también principios mediante los cuales el Estado podía intervenir en la organización económica y social del país. La legalidad ya no podía justificarse únicamente por su continuidad con el orden anterior, sino que debía ser capaz de incorporar algunas de las demandas surgidas durante el conflicto.

Estas transformaciones no significaron que las distintas corrientes revolucionarias hubieran alcanzado un consenso definitivo. Por el contrario, las discusiones constituyentes revelan precisamente la existencia de concepciones distintas sobre los alcances de la Revolución y sobre la relación entre Estado y sociedad. Pero esa diversidad resulta historiográficamente importante porque permite evitar una interpretación de la Constitución de 1917 como resultado inevitable o predeterminado del proceso iniciado en 1910. El nuevo orden jurídico fue producto de disputas acerca de qué elementos de la experiencia revolucionaria debían convertirse en principios constitucionales.

Carranza había concebido inicialmente la reforma constitucional dentro de un marco que preservaba importantes elementos de la tradición liberal y de la Constitución de 1857. Sin embargo, las discusiones mostraron que una parte de los constituyentes consideraba insuficiente esta perspectiva.

Ejemplo de lo anterior es el artículo 123 de la Carta Magna. La incorporación de derechos laborales al texto constitucional mostró hasta qué punto había cambiado la concepción del orden jurídico. Las relaciones entre trabajadores y patrones, que anteriormente podían concebirse fundamentalmente dentro del ámbito contractual, pasaron a ser materia constitucional. El Estado revolucionario encontró así otra fuente posible de legitimidad: presentarse como garante de derechos surgidos de conflictos sociales que la legalidad precedente había sido incapaz de resolver satisfactoriamente.

El artículo 27 resulta especialmente significativo en este sentido, pues replanteó la relación entre propiedad, nación y soberanía. La lucha agraria había adquirido una enorme importancia durante la Revolución, pero su incorporación a la Constitución implicaba algo más que responder a una demanda campesina; significaba reconocer que el Estado podía redefinir jurídicamente los límites de la propiedad en nombre de un interés colectivo y nacional. Legalidad, legitimidad y soberanía comenzaron a formar parte de un mismo problema.

Los debates en torno a la educación, la propiedad y el trabajo son particularmente reveladores. Su importancia reside en mostrar cómo el Congreso Constituyente amplió el ámbito de aquello que podía ser regulado constitucionalmente. Los artículos 3, 27 y 123 terminaron expresando, desde ámbitos diferentes, una misma transformación: el nuevo orden jurídico ya no podía limitarse a garantizar libertades políticas y organizar las instituciones del Estado; debía intervenir también en problemas sociales cuya resolución se había convertido en una fuente de legitimidad revolucionaria.

De este modo, entre 1913 y 1917, la legalidad dejó de significar exclusivamente restitución y comenzó a adquirir un sentido constituyente. Las adiciones posteriores al Plan de Guadalupe expresaron esa transformación. El constitucionalismo amplió progresivamente sus objetivos e incorporó la necesidad de reformas políticas y sociales. El movimiento que había iniciado su lucha apelando a la restauración constitucional comenzó a reconocer que la estabilidad del nuevo orden dependería también de su capacidad para responder a problemas que la legalidad anterior no había resuelto.

EL CARRANCISMO: LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

La Revolución había producido demandas y movilizado fuerzas que no podían quedar contenidas en un simple regreso a la situación jurídica anterior al golpe huertista de 1913. La pregunta ya no era únicamente cómo restablecer la Constitución vulnerada, sino qué contenido debía tener la legalidad restaurada para responder a una sociedad profundamente alterada por la experiencia revolucionaria.

Este punto permite distinguir el constitucionalismo carrancista de otras fuerzas participantes en la Revolución. La diversidad revolucionaria que subrayan Knight (The Mexican Revolution. Vol. 1, Porfirians, Liberals, and Peasants, 2010) y Katz (El Porfiriato y la Revolución en la historia de México: Una conversación, 2011) muestra que no existió un único proyecto ni una misma concepción de aquello que debía surgir después del derrumbe del régimen porfirista. Las demandas sociales, agrarias, laborales y políticas adquirieron formas distintas según las regiones y los actores que las formularon. El constitucionalismo encontró inicialmente su principal fuente de legitimidad en otro terreno: la defensa de un orden jurídico quebrantado. Ello no significa que permaneciera ajeno a las demandas sociales de la Revolución, sino que su lenguaje político inicial privilegió la reconstrucción de la autoridad constitucional.

Las interpretaciones reunidas en De la Reforma a la Revolución, 1857-1920, volumen coordinado por Javier Garciadiego, amplían esta perspectiva al situar el constitucionalismo como proyecto político y no simplemente como coalición militar. La apelación al orden constitucional permitió al movimiento carrancista presentarse como la fuerza que pretendía reconstruir una legalidad violentada. El constitucionalismo fue, en este sentido, revolucionario en sus efectos, pero restaurador en el fundamento de su legitimidad. Knight y Katz permiten, a su vez, insertar este proyecto en una Revolución caracterizada por la diversidad de actores y por las particularidades del norte. Su consolidación no dependió únicamente de la capacidad militar, sino también de convertir la defensa de la legalidad en una fuente de autoridad de alcance nacional.

Pasztor resulta fundamental para comprender por qué esta respuesta pudo articularse desde Coahuila. La trayectoria política de la entidad permite situar el liderazgo nacional de Carranza dentro de una experiencia regional previa y evita explicar el constitucionalismo únicamente por la voluntad de un individuo. Coahuila aparece no solo como el lugar donde comenzó la resistencia contra Huerta, sino como un espacio desde el cual una crisis nacional pudo formularse en términos de legalidad y autoridad constitucional a través del Plan de Guadalupe.

La importancia de este documento no radica únicamente en haber desconocido a Huerta ni en haber proporcionado una estructura política al movimiento constitucionalista, sino en que estableció un principio desde el cual podía justificarse la resistencia: si el gobierno había surgido de la ruptura del orden constitucional, obedecerlo significaba aceptar como legítima esa ruptura. Carranza podía así presentar la insurrección no como una negación de la legalidad, sino como su defensa. El problema político planteado por el golpe de Estado adquiría, por tanto, una dimensión jurídica: ¿qué autoridad podía considerarse legítima cuando las instituciones encargadas de preservar la legalidad habían sido violentadas?

La democracia continuó formando parte del horizonte revolucionario, pero la defensa de la legalidad pasó a ocupar el centro de la justificación constitucionalista.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO REVOLUCIONARIO

La Constitución de 1917 modificó también el lugar de Coahuila dentro del proceso revolucionario. Si durante el maderismo y la lucha constitucionalista la entidad había sido un espacio decisivo para formular proyectos de alcance nacional, después de 1917 el desafío consistió en transformar los principios defendidos durante la lucha armada en fundamentos duraderos de gobierno. La legalidad debía convertirse en institución y la victoria revolucionaria en capacidad política.

El asesinato de Carranza en 1920 constituye una bisagra fundamental. Significó tanto la desaparición del principal dirigente constitucionalista como el final de una etapa en la relación directa entre Coahuila y la conducción nacional de la Revolución. Por ello, el Estado construido en las décadas siguientes no puede entenderse como simple prolongación del carrancismo. La institucionalización estuvo atravesada por conflictos, desplazamientos de poder y reformulaciones; sin embargo, la desaparición de Carranza no eliminó los lenguajes políticos que habían legitimado al constitucionalismo. La necesidad de justificar jurídicamente el ejercicio del poder rebasó a sus actores originales.

Knight permite comprender que esta transformación estuvo lejos de ser lineal: la construcción del nuevo Estado exigió negociar e incorporar fuerzas sociales y políticas diversas. En diálogo con esta perspectiva, el constitucionalismo dejó planteado un problema que sobrevivió a Carranza: cómo transformar una legitimidad nacida de la lucha revolucionaria en autoridad institucionalizada.

En Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution (1997), Hart amplía el campo al relacionar el proceso revolucionario con los intereses extranjeros —países como Estados Unidos tenían control casi total sobre el petróleo, la minería, la banca, el transporte ferroviario y la infraestructura de comunicaciones en México— y el nacionalismo. La consolidación del Estado requería algo más que legalidad constitucional: su autoridad debía presentarse también como expresión de soberanía e intereses nacionales.

La relación entre Coahuila y el proceso nacional adquiere entonces un significado distinto. Después de 1920, la entidad ya no ocupó la centralidad de los momentos maderista y carrancista; pero esa pérdida supone un fenómeno historiográficamente significativo: principios políticos formulados desde una experiencia regional habían rebasado ya a la región y a sus protagonistas. Democracia, legalidad, constitucionalismo y nacionalismo no constituyeron etapas perfectamente sucesivas; se superpusieron, fueron disputadas y adquirieron nuevos significados durante la construcción institucional. Así, 1940 funciona menos como un final absoluto de la Revolución que como un horizonte desde el cual observar la consolidación de un orden político que había trascendido a sus fundadores.

Esta pérdida de centralidad después de 1920 no debe confundirse con irrelevancia histórica. Al contrario, permite elaborar con mayor precisión la relación entre región y nación: cuando el liderazgo político coahuilense dejó de conducir directamente el proceso, algunos de los principios que habían adquirido allí una formulación decisiva ya circulaban dentro de la disputa nacional por la organización del poder.

Además, durante las décadas de 1920 a 1940, el estado revolucionario en Coahuila destacó por el Ateneo Fuente, una institución que otorgó prestigio académico a la capital; se sembraron grandes extensiones de algodón que surtieron el mercado local y el extranjero; la Laguna fue un modelo del reparto agrario de la década de los años treinta del siglo XX, y, por último, la producción de las minas de carbón en la región carbonífera surtió también al país y a otras naciones.

CONCLUSIONES

¿Cómo se reconstruye la legitimidad del poder después de una crisis política y qué permite comprender Coahuila acerca de ese proceso? La respuesta no consiste en atribuir a una región el origen de la Revolución ni la construcción posterior del Estado mexicano, sino en reconocer que la experiencia coahuilense permite observar con particular claridad la transformación de los fundamentos de la autoridad entre 1910 y 1940.

Con Madero, democracia y sufragio adquirieron centralidad frente al régimen porfirista; la ruptura de 1913 desplazó el problema hacia la restauración de la legalidad, y la Constitución de 1917 abrió el desafío de convertir aquellos principios en bases institucionales. El asesinato de Carranza en 1920 confirma que este tránsito no fue una continuidad sin rupturas: la construcción del Estado posrevolucionario rebasó a los hombres y circunstancias que habían dado origen a sus primeras formulaciones.

La lectura regional de Coahuila se amplía mediante el constitucionalismo, la complejidad nacional y social de la Revolución, las particularidades del norte y la relación entre nacionalismo, soberanía e intereses extranjeros. Puestas en diálogo, estas interpretaciones convierten la experiencia coahuilense en una vía para examinar cómo una crisis de legitimidad desembocó en nuevas formas de concebir y organizar el poder.

Desde esta perspectiva, Coahuila deja de ser únicamente un objeto de estudio regional para convertirse en un observatorio privilegiado desde el cual analizar la construcción del Estado revolucionario mexicano. Su experiencia permite comprender que las revoluciones no consolidan un nuevo orden solamente mediante la victoria militar, sino mediante la capacidad de transformar e institucionalizar los principios con los cuales justifican el ejercicio del poder.