Cuando declaró el jueves pasado que "no tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada" e instruyó se concluyera la iniciativa en sus términos originales para hacerla pública y enviarla a la Cámara de Diputados pasado mañana martes, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió al menos estas tres lecturas: 1. Que se cansó de esperar un acuerdo que ya vislumbra inalcanzable con sus aliados el Verde y el PT para completar la mayoría calificada de dos terceras partes del total de los votos legislativos, requerida para cualquier enmienda constitucional.
2. Que tiene un plan alternativo -visto, de entrada, prácticamente imposible- para conseguir el voto de algunos integrantes de las fracciones aliadas o de un buen número, nada pequeño, por cierto, de posibles "maiceados" del PAN y el PRI, para sumar al voto de los 257 diputados de Morena los 77 que le faltarían para alcanzar los 334 necesarios.
Y 3. Que les cobrará caro el abandono a verdes y petistas, en una arriesgada jugada: aceptar el costo político del rechazo a su iniciativa de reforma, romper la alianza electoral con el Verde y el PT en los comicios federales intermedios de 2027, con la intención de que Morena obtenga por sí solo la mayoría calificada del Congreso, muestre el tamaño real de su representación, apruebe la reforma para las presidenciales de 2030 y exponga a sus aliados a una drástica disminución de votos que, en un caso extremo, podría llevarlos a la pérdida del registro.
El desacuerdo entre la coalición gobernante tiene que ver con propuestas que para Sheinbaum son irrenunciables porque, asegura, son demandas del votante: reducir sustancialmente el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento público de los partidos políticos y eliminar y/o achicar las diputaciones y senadurías de representación proporcional.
Según encuestas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez, 70 por ciento de la ciudadanía está a favor de esas propuestas, que son exactamente las mismas que rechazan el Verde y el PT, partidos bisagra que han vivido y consolidado su presencia "vendiendo caro su amor" en alianzas que garantizan su acceso a las prerrogativas electorales y a un mayor número de curules y escaños.
Desanima que el debate esté atorado en el interés económico y desplace temas cruciales como el de la representación de las minorías, el piso parejo para los contendientes, la imparcialidad, credibilidad y funcionalidad de los órganos electorales y destacadamente en estos momentos, el blindaje de los procesos contra la infiltración del crimen organizado.
Por lo que se sabe hasta ahora, la propuesta presidencial respecto a la composición del Congreso va por 508 diputados: 300 de mayoría, 200 de representación proporcional con cien de ellos elegidos como primera minoría y otros cien por el sistema de listas nacionales abiertas, no determinadas por las cúpulas partidistas, a las que se agregarían ocho elegidos por la diáspora mexicana; y por 96 senadores: 64 elegidos por mayoría relativa (dos por cada estado) y 32 de primera minoría (uno por entidad), sin que los haya de representación proporcional.
En cuanto al financiamiento público de los partidos se plantea una reducción sustancial de 25% para el ordinario en año no electoral. Para el extraordinario en año electoral aumentaría 50% sobre el monto aprobado para un año no electoral.