Cobros en recibos de agua de Simas Torreón generan inconformidad ciudadana

Juan Carlos Parga Torres, presidente del Comité Ciudadano por la Cantidad y Calidad del Agua en La Laguna, cuestionó el cobro por Ley Federal de Agua que aplica el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) a la población por los derechos de extracción y expuso que se está analizando el tema.

“Estamos analizando lo de la Ley de Aguas y vamos a tener una entrevista con el director de Conagua, Gabriel Riestra, porque el pueblo no tiene agua de calidad. Los pozos iban a ser cerrados con el proyecto Agua Saludable, pero hoy vemos que no está llegando la misma agua”, señaló.

Parga también se refirió al cobro por concepto de “saneamiento”, sin que exista un servicio real de tratamiento de aguas residuales en la ciudad.

“Ese cobro es ilegal porque no están prestando el servicio de saneamiento”, afirmó.

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Mientras algunos regidores señalaron que el monto adicional es de 17 pesos, otros cálculos hablan de cifras menores, sin embargo, el tema ha generado confusión y molestia entre los usuarios.

Parga indicó que el cargo por saneamiento se sustenta en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta a los municipios para administrar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. A nivel local, el Reglamento Municipal de Descargas de Aguas Residuales de Torreón otorga a Simas la facultad de investigar, calificar y sancionar infracciones, además de cobrar créditos omitidos. Sin embargo, la manera en que estas tarifas aparecen en los recibos ha generado inconformidad, pues los ciudadanos aseguran que no existen plantas tratadoras en operación.

Recordó que durante el gobierno de Miguel Ángel Riquelme se canceló el contrato con Ecoagua porque la empresa no brindaba el servicio de saneamiento.

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Indicó que, aunque el cobro por saneamiento está facultado constitucionalmente, la legalidad específica de cómo se calcula, impone o actualiza la tarifa en los recibos de Simas sigue siendo objeto de disputas legales y quejas ciudadanas.

En este contexto, la exigencia social se centra en garantizar agua de calidad, libre de arsénico, y en cantidad suficiente para la población. La llegada del proyecto Agua Saludable ha elevado las expectativas, pero también las tensiones sobre los costos que deberán asumir los usuarios. Para Parga Torres, la discusión no es únicamente técnica o jurídica, sino ciudadana, pues se trata de asegurar que los cobros reflejen un servicio real y transparente, capaz de responder a las necesidades de la región.

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