Colombia aprueba eutanasia de hipopótamos de Pablo Escobar
El gobierno de Colombia aprobó un protocolo que permitirá la eutanasia de al menos 80 hipopótamos, descendientes de los animales introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980.
La decisión, formalizada por la ministra de Ambiente Irene Vélez, busca contener la expansión de esta especie, considerada invasora, cuya población podría alcanzar hasta 500 ejemplares en 2030 si no se aplican medidas de control.
El plan establece que la eutanasia será una medida de última instancia, aplicable únicamente cuando otras alternativas no resulten viables. Entre los métodos autorizados se contempla la eutanasia química, mediante sedación e inyección letal, y la eutanasia física, con disparos de rifle de alto calibre dirigidos al cráneo para garantizar una muerte inmediata.
La problemática se concentra principalmente en la zona de Puerto Triunfo, donde se localiza la antigua Hacienda Nápoles, hoy convertida en atractivo turístico. En esa región, los hipopótamos se han dispersado hacia el río Magdalena, sin depredadores naturales y con impactos sobre especies nativas.
El Ministerio de Ambiente informó que se destinarán hasta 1.7 millones de dólares para la implementación del plan. Paralelamente, continúan otras estrategias como la esterilización, cuyo costo asciende a 9,800 dólares por animal, así como intentos de traslado a santuarios o zoológicos, sin resultados positivos hasta ahora.
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La polémica publicación, presuntamente creada con inteligencia artificial, provocó rechazo incluso entre aliados del presidente y tensó su relación con el VaticanoLa medida ha generado críticas. La senadora animalista Andrea Padilla cuestionó la decisión al calificarla como una “matanza de criaturas saludables” y pidió priorizar opciones no letales.
El debate sobre el control de estos animales no es nuevo. En 2009, la muerte del hipopótamo conocido como “Pepe” provocó reacciones de rechazo entre ambientalistas, un antecedente que vuelve a tomar relevancia ante la nueva estrategia oficial.
Las autoridades advierten que el crecimiento de la población y su presencia en zonas habitadas —donde incluso han sido vistos caminando por calles y carreteras— representa un riesgo tanto para los ecosistemas como para la población, lo que ha llevado al gobierno a tomar esta decisión.
