"Mucha gente quiere que el gobierno proteja al consumidor. Es mucho más importante proteger al consumidor del gobierno".
Milton Friedman
El problema de haber entregado el manejo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Secretaría de Marina es que esta recurre fácilmente a soluciones autoritarias. Por eso estamos viendo ahora el uso de elementos armados de la Guardia Nacional para combatir a conductores de Uber o Didi en lugar al crimen organizado.
"Tenemos que encontrar un equilibrio", dijo en la mañanera del 13 de marzo el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, entre los taxis concesionados del aeropuerto y los vehículos de aplicación. El hecho de que el almirante secretario se presentó vestido de uniforme de combate revelaba mucho de la actitud de los militares para resolver problemas. Por supuesto que debe encontrarse un equilibrio entre dos servicios, pero no por las armas de la Guardia Nacional, sino por la preferencia de los usuarios.
Los taxis del aeropuerto proporcionan un servicio caro y con frecuencia insuficiente. En las tardes y noches es común que se formen largas filas de usuarios desesperados que tienen que aguardar media hora o más para abordar un vehículo. Muchos prefieren recurrir a los servicios de aplicación, porque son más baratos, pueden evaluar a los conductores y los consideran más seguros. Es un derecho que el secretario de Marina no debería violar.
En el afán de preservar el monopolio de los sitios de taxi "autorizados" en el aeropuerto, los cuales pagan una cuota por el privilegio, el almirante secretario quiere enviar a los vehículos de aplicación a lugares inseguros y distantes de la terminal aérea. Prefiere arriesgar la seguridad y la comodidad de los pasajeros que permitir que ejerzan la libertad de escoger su transporte.
A los taxistas se les está cobrando un virtual derecho de piso para operar en el aeropuerto, lo cual eleva el costo del servicio. Lo curioso es que el cobro no lo hace una banda del crimen organizado, sino el propio aeropuerto militarizado. Bajo la protección que la Marina otorga a las empresas que pagan este derecho de piso, se ha desarrollado un servicio ineficiente y caro. Los taxis del aeropuerto llevan a los clientes a sus destinos, pero después tienen que regresar vacíos, porque nadie en su sano juicio contrataría un servicio más caro y de peor calidad para ir al aeropuerto.
Los servicios de autos de plataforma son más eficientes porque tienen una tecnología que responde con flexibilidad a los cambios del mercado. El sistema les permite localizar con facilidad a los usuarios y no tienen que regresar vacíos a sus puntos de origen. no, a menos de que un guardia nacional armado les impida recoger pasajeros en el aeropuerto.
Los elementos de la Guardia Nacional hostigan inevitablemente no solo a los conductores de servicios de plataforma, sino también a los choferes privados y a las personas que quieren recoger a familiares o amigos. Un militar entrenado para matar no tiene forma de distinguir entre un conductor de Uber y un chofer privado o el pariente de un pasajero. Los riesgos son enormes.
El problema no solo existe en el AICM. En otros aeropuertos del país también se prohíbe a los conductores de Uber o Didi recoger pasajeros con lo cual elevan los precios. Un servicio entre el aeropuerto y la zona hotelera de Cancún puede costar 700 pesos o más.
La solución no es que la Marina imponga un "equilibrio" con metralletas, sino que respete el equilibrio que los usuarios generan a través de sus decisiones libres.
PRIMER PLAN
El primer plan B, el de López Obrador, lo invalidó la Suprema Corte de Justicia en 2023. El proyecto lo elaboró el ministro Alberto Pérez Dayán, quien ni siquiera entró al fondo del asunto: la aprobación por vía rápida anuló el "principio de deliberación informada y democrática". Pero eran otros tiempos: hoy la Corte no se atrevería a rechazar una iniciativa presidencial.