¿Cómo afectaría la Ley Cazzu a los trámites familiares en México?
La llamada “Ley Cazzu” ha reabierto el debate sobre los obstáculos legales que enfrentan madres y padres custodios en México para realizar trámites o viajar con sus hijos cuando el otro progenitor se niega a autorizar.
La propuesta, presentada en el Congreso de Michoacán, busca atender un problema frecuente en disputas familiares: el uso de permisos como forma de presión.
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Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores exige la autorización de ambos padres para tramitar el pasaporte de un menor de edad. En caso de ausencia, se debe presentar un documento notarial o judicial, lo que puede retrasar o impedir el proceso.
En la práctica, esto ha derivado en situaciones donde uno de los padres, incluso sin participar en la crianza o siendo deudor alimentario, puede bloquear viajes, estudios o actividades importantes para niñas, niños y adolescentes.
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El cantante de regional mexicano hizo frente a la situación luego de que la ‘Nena Trampa’ afirmara que el problema no era el ‘alma enamorada’ de Nodal¿Qué cambiaría con la iniciativa?
La propuesta impulsada por la diputada Sandra Arreola Ruiz plantea que, en casos de incumplimiento de responsabilidades parentales, el tutor con custodia pueda realizar estos trámites sin depender de la autorización del otro.
El objetivo es evitar que la negativa de firma se utilice como mecanismo de control o represalia y garantizar derechos como la movilidad, la educación y la convivencia familiar, priorizando el interés superior de la niñez.
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El tema cobró notoriedad tras relacionarse con el caso de la cantante argentina Cazzu y el mexicano Christian Nodal, lo que detonó una conversación pública sobre las limitaciones legales en este tipo de situaciones.
Especialistas señalan que la iniciativa refleja un problema estructural en México, donde existen miles de casos de deudores alimentarios.
Además, se suma a otras reformas recientes que buscan visibilizar violencias y proteger derechos, como la Ley Olimpia y la Ley Sabina. De aprobarse, podría representar un cambio importante en la forma en que se gestionan los trámites de menores en el país.
