¿Cómo se encuentra México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025?
Este martes, las organizaciones Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron su reporte sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde el país mejoró un punto en su calificación, pero cayendo en el ranking global.
De acuerdo a los resultados de 2025, México obtuvo una calificación de 27 puntos de 100 posibles, ubicándose así en el lugar 141 de 182 países evaluados.
Los primeros lugares fueron ocupados por Dinamarca, Finlandia y Singapur, mientras los más bajos por Venezuela, sometida a sanciones económicas; Somalia y Sudán del Sur, países que experimentan conflictos en sus territorios.
A su vez, de los países que conforman la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra en el último lugar; lo mismo que comparado con el G20, el cual incluye a la Unión Europea y la Unión Africana, estando sólo por encima de Rusia.
El reporte coloca a México sobre Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela; pero muy por debajo de Brasil y Chile.
Al respecto, el reporte describe el destape del caso del llamado huachicol fiscal, que ha representado una pérdida al fisco de 610 millones de pesos en 2025, superando en 40 veces el escándalo de corrupción del sexenio pasado de Segalmex.
Otro factor fue la persistencia de la extorsión que ha afectado desde empresas a mico unidades económicas, generando costos por los delitos y la implementación de medidas de protección. Siendo a su vez al menos el 60 % de los mexicanos víctima de la corrupción o extorsión policial.
El reporte critica también la falta de efectividad para resolver los grandes casos de corrupción en México y que estos mismos tengan alcances limitados entre los involucrados, como es la impunidad en Odebrecht, Agronitrogenados, la Estafa Maestra y Segalmex.
Finalmente se advierte que México carece de mecanismos para la identificación, verificación y apertura de datos sobre beneficiarios controladores y la limitada estandarización de los datos de contratación pública.
