Comprometer participaciones en contrato de limpieza no afectará programas: tesorero

El tesorero municipal de Torreón, Javier Lechuga Jiménez aseguró que la garantía de las participaciones federales en la cuenta corriente con que se pagará a la concesionaria del servicio de limpieza no afectará la atención a otras necesidades o programas.

Sostuvo que desde la elaboración presupuestal se tiene claro el uso que se hará de ciertos fondos o ingresos en cada rubro, y que la inversión en obra pública tampoco se verá impactada por tener una mayor responsabilidad financiera por compromiso que representará la nueva concesión desde ahora y por los siguientes 25 años.

“Este año se previó o pronosticó un gasto del 20 por ciento en obra pública con recursos propios, lo cual es un porcentaje alto”, según indicó.

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De acuerdo con lo que aquí se informó, dentro de las nuevas condiciones establecidas en el contrato del servicio integral de la limpieza en Torreón, se estableció la obligación del Municipio de mantener una línea de crédito en cuenta corriente, garantizada con participaciones federales para asegurar pagos al concesionario.

Tras esta cláusula de crédito, legisladores de oposición señalaron que ningún contrato puede usarse como garantía indirecta de deuda pública ni poner en riesgo las participaciones federales.

Aumento de tarifas representará gasto adicional de 70 mdp

Las tarifas por la contratación del servicio de limpieza, desde la recolección domiciliaria, barrido manual y mecánico, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos serán 19 por ciento más elevadas que las que se pagaron en el contrato anterior, lo que representará un gasto adicional de 70 millones de pesos este año.

A decir del tesorero municipal de Torreón, desde 2025 se había previsto este ajuste, que fue avalado por el Cabildo a propuesta de la empresa Consorcio Ecourbano Ambiental (CEA), por lo que se tiene evaluado y presupuestado para 2026.

Hasta el año pasado, la antigua concesionaria, Promotora Ambiental de La Laguna (PASA) recibía pagos mensuales cercanos a los 39 millones de pesos ya con el último ajuste que se autorizó en febrero; sin embargo, tras la licitación pública de la nueva concesión, surgió la propuesta del consorcio CEA para un ajuste del 19 por ciento.

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Javier Lechuga Jiménez Labora aseguró que, no obstante, ya no se darán más incrementos desproporcionados como ocurría en el contrato anterior, cuando los elevados aumentos al salario mínimo hicieron que se dispararan.

“No conozco todavía el contrato, pero la cláusula del anterior fijaba la inflación, más aparte los aumentos en salarios mínimos; ahorita ya es otra fórmula y únicamente será con base en la inflación”, según señaló.