Con iniciativa de ley proponen regular gastos y privilegios de funcionarios públicos

El diputado federal Marcelo Torres Cofiño, integrante del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de ley que pretende establecer controles más estrictos sobre el uso de recursos públicos por parte de altos funcionarios, en medio del debate sobre la congruencia entre el discurso de austeridad y su aplicación real.

La propuesta, dijo, busca crear la Ley Federal de Coherencia y Responsabilidad en el Ejercicio del Poder Público, con la finalidad de reducir la discrecionalidad en gastos que, aunque no siempre se reportan como ingresos directos, representan beneficios financiados con recursos del Estado.

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El legislador argumentó que actualmente existen vacíos que permiten a servidores públicos acceder a apoyos logísticos, viajes y otros beneficios sin una adecuada rendición de cuentas, lo que, afirmó, debilita la confianza ciudadana y resta credibilidad a las políticas de austeridad.

Torres Cofiño cuestionó que, pese al discurso oficial, se han documentado casos de figuras vinculadas a Morena relacionadas con viajes internacionales, uso de transporte de alto costo y otros lujos, lo que ha generado inconformidad social y reavivado el debate sobre el uso de recursos públicos.

Entre las medidas planteadas destaca la creación de un padrón público de viajes oficiales, donde se detallen costos, motivos, duración, tipo de transporte y acompañantes. También propone transparentar de manera periódica el llamado gasto personal indirecto, es decir, bienes o servicios pagados con recursos públicos que beneficien a los funcionarios fuera de su salario.

Asimismo, la iniciativa contempla una nueva Declaración de Coherencia y Estilo de Vida Funcional, que complementaría la declaración patrimonial, con el fin de hacer visible el uso de recursos asociados al cargo.

El proyecto incluye sanciones por omitir o falsear información sobre estos beneficios, considerándolo una falta administrativa grave. Además, plantea restringir el uso de vuelos privados o en clase ejecutiva financiados con recursos públicos, salvo en situaciones excepcionales, y limitar la participación de familiares en giras oficiales cuando no desempeñen funciones públicas.

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El legislador subrayó que la iniciativa no implicaría un aumento en el gasto público, ya que se apoyaría en estructuras existentes, y contribuiría a mejorar la fiscalización, reducir gastos innecesarios y evitar prácticas de simulación.

Finalmente, insistió en que el objetivo central es garantizar coherencia entre lo que se promete y lo que se practica en el ejercicio del poder, al considerar que la falta de congruencia ha sido uno de los principales factores de desconfianza hacia las instituciones.