El 3 de febrero, con el propósito de apuntalar el Plan México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que tendrá una inversión que ascenderá de forma acumulada hacia 2030 a 5.6 billones de pesos de participación mixta, pública y privada. 2.83% para el sector Agua. Casi un año antes, el 12 de marzo de 2025, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, presentó el Macroproyecto de Infraestructura Hídrica: 17 obras que incluyen la construcción del sistema de presas Hermosillo -Sinoquipe, Puerta del Sol y Las Chivas- sobre los ríos Sonora y San Miguel en Sonora, la continuidad de la presa Milpillas sobre el río Atenco en Zacatecas, retomar la presa Paso Ancho -ahora Margarita Maza- sobre el río Sola en Oaxaca, la presa Las Escobas sobre el río del mismo nombre en San Luis Potosí, la presa El Novillo en Baja California Sur, la presa El Tunal II sobre el río Tunal en Durango, y el acueducto Presa Solís-León en Guanajuato, entre otros proyectos considerados estratégicos y municipales, parte del Plan Nacional Hídrico, con una inversión de 122 mil 600 millones de pesos de 2025 a 2030. Ocasionó este macroproyecto de nuevas presas inquietud, alarma y brotes de resistencia en diversos pueblos, comunidades, núcleos agrarios y organizaciones de territorios de potencial afectación, con la queja reiterada: falta de información oficial y de consulta previa, libre e informada.
Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente suspendió la construcción de nuevas presas, con la excepción de El Zapotillo en Jalisco y Santa María en Sinaloa. Anunció tal decisión el 8 de diciembre de 2018, en sus primeros días de mandato, y la sostuvo a lo largo de su sexenio. En el trayecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de su gobierno, publicó en su página web el 14 de marzo de 2020, Día de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, un argumento determinante: "En México, la política ambiental de la 4T no permitirá la construcción de nuevas presas por considerarlas obsoletas y destructivas". De esto hablamos con amplitud aquí el pasado 3 de enero.
¿Cómo empezó a tomar forma el macroproyecto de infraestructura hídrica en el "segundo piso" de la 4T?
El 1 de octubre de 2024, primer día de la administración de la presidenta Sheinbaum, se comenzó a elaborar un diagnóstico para identificar obras de agua, drenaje, saneamiento y de prevención.
Se hizo un levantamiento de 2 mil 478 municipios que tiene el país y en marzo de 2025 se tenía un avance de mil 302 diagnósticos.
Con apoyo de la Secretaría de Bienestar se trabajó además en la elaboración de los lineamientos para establecer que el 30 por ciento de los recursos se destinaran a inversiones de agua.
De ahí vino el diseño de los 17 proyectos de infraestructura hídrica que incluyen la construcción de nuevas presas.
Así, el 12 de marzo de 2025 el gobierno de Sheinbaum a través de la Conagua, presentó un macroproyecto muy ambicioso de obras estratégicas y otras municipales que conjuntan presupuesto federal, estatal y municipal.
Tales proyectos fueron concebidos para complementar el Programa de Tecnificación de Riego con lo que, según el gobierno, se liberaría agua potable para consumo humano "en beneficio de 36 millones de personas".
En la Mañanera del Pueblo que encabezó Sheinbaum ese 12 de marzo, el director general de la Conagua, Efraín Morales López, informó que de los 122 mil 600 millones de pesos que se destinarían en el sexenio, en 2025 se invertirían 15 mil millones de pesos para iniciar los 17 proyectos de infraestructura hídrica.
Además de los proyectos de presas se incluyó la Desaladora Rosarito en Baja California, el Plan Integral de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Proyecto Agua para Colima, el apoyo a 10 municipios de la zona oriente del Estado de México, obras en el marco del Plan Acapulco se Transforma Contigo en Guerrero, el Acueducto Chiná y acuaférico en Campeche, obras de protección contra inundaciones en Tabasco, el acueducto Coatzacoalcos en Veracruz, el acueducto Solís-León en Guanajuato, el acueducto Ciudad Victoria II en Tamaulipas, y las Redes Troncales de Agua Saludable para La Laguna en la frontera Durango-Coahuila.
Las fuentes de financiamiento serían distintas pero conciliadas: el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS), de los programas federalizados de Conagua -como ProAgua, ProSanear y ProDDER- y aportaciones estatales.
En aquella conferencia estuvieron también presentes el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, Felipe Zataráin Mendoza, el subdirector de Infraestructura Hidráulica, Aarón Mastache, y el encargado del Proyecto de Desarrollo Sustentable de Agua para la Zona Metropolitana del Valle de México, Roberto Capuano.
Arreció desde ese 12 de marzo de 2025 la inquietud de pobladores que escucharon en la mañanera que las nuevas presas se construirían en sus territorios, sin que los hubieran informado ni consultado.
Comenzó entonces el viacrucis de diversos pueblos, comunidades, núcleos agrarios, organizaciones, etc., en busca de información y de peticiones ante autoridades.
Ahí donde luchan contra proyectos de represas de años atrás, vuelven a alzar la voz y refuerzan la movilización exigiendo cancelación de proyectos.
Ya el 12 de octubre de 2024, casi en el arranque de la Administración Sheinbaum, el encuentro de fundación de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua cuestionó desde San Luis Potosí las políticas de presas.
En México, en décadas recientes, 15 han sido los derechos humanos y de los pueblos sistemáticamente violados antes, durante y después de la construcción de una presa.
Resurge, ahora en el "segundo piso" de la 4T, la temática de presas, derechos de los pueblos e impunidad.
@kardenche